Tras el inicio de los trámites para impugnar la consulta alternativa del 9 de noviembre ante el Tribunal Constitución (TC), el portavoz del Govern, Francesc Homs, aseguró ayer que «no se puede suspender aquello que no se hace», rechazando de esta manera que el proceso participativo basado en el trabajo de voluntarios que el Govern prepara sea una forma encubierta de celebrar la consulta original suspendida cautelarmente por el TC. «¿Qué van a prohibir, que los funcionarios, por ser funcionarios, no puedan ser voluntarios?», se preguntó, añadiendo que el Ejecutivo catalán mantiene todos los preparativos para la cita.

Utilizando el mismo argumento, sin embargo, Homs se negó a aclarar si el Govern acatará o no esta vez un hipotético veto por parte del Constitucional, ya que según señaló, no le cabe «en la mollera» que el nuevo 9N pueda ser suspendido. «Sería un terreno tremendamente delicado, se prohibiría expresarse a los ciudadanos y se prohibiría que una Administración cumpla con su cometido, que es fomentar la participación», señaló el portavoz gubernamental, que trató de dar la vuelta a la tortilla y evidenciar que suspender un proceso participativo como el que los catalanes tienen entre manos sería «un desafío al Estado de Derecho y a la propia democracia». Argumentos válidos que, en cualquier caso, sirvieron al también conseller de Presidència para no comprometerse con lo que el resto de los partidos soberanistas le reclaman: que el 9N se celebre pese al hipotético veto estatal.

Homs subrayó el cambio que en apenas dos semanas ha vivido el Gobierno español, que ha pasado de calificar el nuevo 9N «de excelente noticia a iniciativa mezquina», algo que, a su juicio, demuestra que «el posicionamiento del Gobierno (espa- ñol) no tiene nada que ver con el derecho ni la Justicia, sino que tiene que ver con la voluntad obstruccionista». En este sentido, añadió que «lo que más temen» en Madrid es la unidad soberanista, que consideró que en los últimos días ha vivido «cierta mejora».

La confianza entre los partidos proconsulta, sin embargo, está lejos de restablecerse por completo, tal y como lo demostró el diputado de ERC Pere Aragoneses, que ayer insistió en que los republicanos no volverán a dar apoyo a unos nuevos presupuestos autonómicos. Sin embargo, Aragoneses se abrió por primera vez a facilitar una prórroga presupuestaria, para lo cual impuso dos condiciones: que se recupere la paga extra, tal y como anunció el propio Govern, y que el president, Artur Mas, convoque elecciones inmediatamente después del 9N.

Antes, la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, había reclamado al Govern que mantenga la convocatoria del 9N pese al hipotético veto del Constitucional, en línea con el diputado de la CUP Quim Arrufat, que en rueda de prensa parlamentaria pidió al Ejecutivo que «no se arrugue y que no acate». Asimismo, el diputado independentista pidió a la sociedad civil que «esté preparada para ejercer la desobediencia civil y llenar las calles y las urnas». Por su parte, el líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, presentó ayer la campaña de los ecosocialistas para el 9N y reivindicó que «el día 9 de noviembre habrá una gran expresión de unidad en la calle, porque la ciudadanía quiere reivindicar la democracia que niega el PP»