Etxerat exigió ayer «hechos y compromisos concretos» a las instituciones, a los partidos y a los agentes sociales para que «se dejen de vulnerar sistemáticamente» los derechos de los presos y presas vascas. «Exigimos hechos y palabras porque un porcentaje altísimo de la ciudadanía vasca tiene conculcados sus derechos más básicos», destacaron Maider Alustiza y Urtzi Errazkin ante los medios congregados frente al Parlamento de Gasteiz, donde finalizó una cadena humana contra la dispersión. La iniciativa, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, se reprodujo en Iruñea y en Baiona.

Los portavoces de la asociación de familiares y amigos de presos vascos recordaron que la ciudadanía vasca lleva «muchísimos años» sufriendo una legislación de excepción, diseñada por los gobiernos español y francés, que vulnera «conscientemente los derechos humanos». «La política de excepción que se aplica a nuestros familiares y que nosotros sufrimos es el mejor ejemplo», afirmaron tras señalar que «los responsables de las vulneraciones de derechos humanos que sufrimos son los estados, que en vez de ser garantes de los mismos los vulneran mediante leyes o mediante trampas a la ley».

En este sentido, denunciaron que el Estado español es «experto en trampas para vulnerar los derechos humanos, en la ingeniería jurídica para burlar la ley», tal como evidencian las medidas diseñadas por el PP para tratar de prolongar las penas de los represaliados vascos. Este martes el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga auguró que el «nuevo fraude legal» del Gobierno Rajoy para «prolongar» las condenas de los presos «fracasará» al final como lo hizo la llamada «doctrina Parot».

A juicio de Alustiza y Errazkin, la actitud de Madrid y París pone de manifiesto que la «situación es extremadamente grave y son necesarios pasos firmes y efectivos para terminar con estas conculcaciones sistemáticas». «Por ello realizamos un llamamiento a las instituciones para que estén a la altura; para que se comprometan a respetar los derechos humanos y pongan encima de la mesa soluciones. Es tiempo de compromiso, porque una gran parte de la ciudadanía vive con sus derechos humanos vulnerados», añadieron.

El obispo Gaillot, en Baiona

También recordaron que este año la dispersión penitenciaria ha provocado un accidente de tráfico cada 36 días. Esta cifra agrava la constatación de que la decisión de alejar a los represaliados -el 42% está encarcelado a más de 800 kilómetros de su hogar- supone un castigo enorme para las familias de los mismos, que cada fin de semana se ven obligados a realizar miles de kilómetros para visitar unos minutos a sus seres queridos.

Denunciaron además la situación de los presos gravemente enfermos. A este respecto, citaron la última agresión sufrida por Ibon Iparragirre en la prisión de Alcala Meco (Madrid), donde fue golpeado por un preso social por negarse a darle un cigarro y trasladado al Módulo 6 sin pasar por la enfermería. «Sucesos como este ponen de manifiesto que ni Ibon ni ningún preso enfermo puede seguir en la cárcel ni un minuto más. Se está vulnerando conscientemente su derecho a la salud», lamentaron.

Según explicaron, durante las últimas décadas «se ha vulnerado el derecho a la familia, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad... se vulneran incluso los derechos de los niños». «Por eso en el Día Internacional de los Derechos Humanos exigimos responsabilidad a las instituciones. [...] Compromiso activo para que dejen de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos», concluyeron.

Esta petición resonó ayer por la mañana en las calles de Gasteiz, donde cientos de personas agarraron los pañuelos blancos de Etxerat para crear una cadena humana que unió la Delegación del Gobierno español, situada en el Paseo de Fray Francisco y el Parlamento autonómico, ubicado junto al parque de La Florida. En Iruñea 200 personas rodearon el Paseo de Sarasate para reclamar, una vez más, el fin de las medidas de excepción, mientras en Baiona una cadena tomó forma desde el Ayuntamiento hasta la casa de René Cassin, inspirador y redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pese a que el mensaje de Etxerat estaba dirigido a los todos los partidos, en las cadenas de Hego Euskal Herria solo se dejaron ver cargos políticos de EH Bildu. Por ejemplo, en la cadena de la capital alavesa participaron varios parlamentarios de la coalición, entre los que se encontraba el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, y cargos locales; mientras que a la cadena de Iruñea asistieron el presidente de honor de Aralar, Patxi Zabaleta, el portavoz de Sortu, Txelui Moreno, y el candidato de EH Bildu a la presidencia del Gobierno de Nafarroa, Adolfo Araiz, entre otros.

En la cadena de Baiona, por contra, estuvieron presentes el obispo Jacques Gaillot, Marie-Christine Aragon (PS) y Serge Nogues (NPA).

Críticas a UPN, PSN y PPN

Los participantes en la cadena de Iruñea, que, al igual que en Gasteiz y Baiona, estaban unidos por los pañuelos blancos de Etxerat, denunciaron que la política de dispersión lleva más de 25 años en vigor castigando a presos y allegados. «Levamos muchos años sufriendo esta legislación», subrayó la coordinadora de Etxerat en Nafarroa, Gloria Rekarte, que compareció ante los medios de comunicación junto a Xabier Otegi, familiar de un represaliado.

En su intervención, Rekarte censuró la postura de UPN, PSN y PPN, que se han negado a que los familiares y amigos de los presos vascos puedan dar cuenta de su dolor en el Parlamento de Nafarroa. A su juicio esta decisión representa una «seria irresponsabilidad».