La reciente operación de la Guardia Civil a través de la Audiencia Nacional contra abogados vascos ha dejado en la retina la imagen de la incautación de una importante cantidad de dinero procedente de la manifestación a favor del fin de la dispersión convocada en Bilbao por Sare este pasado 10 de enero. Horas después de las detenciones y de la entrada en la sede de LAB, la agencia Europa Press enviaba un comunicado a sus clientes señalando que el dinero incautado en el local del sindicato ascendía, en «monedas y billetes pequeños», a 90.000 euros.

Si sorprendía la alusión al tamaño de los billetes, en todo caso estándares, no tanto la referencia al origen de la noticia, «fuentes de la lucha antiterrorista». Bajo el paraguas de una fuente tan indefinida y sin identificar como la lanzada por Europa Press, y la poca credibilidad en otras ocasiones de la misma, la cantidad requisada bien pudiera ser otra.

Despojos, saqueos, incautaciones, incluso robos denunciados en juzgados, han sido parte de la historia reciente debido a la intromisión militar y policial en la vida cotidiana. Con 40.000 detenciones en 50 años según el Gobierno Vasco (al menos 22.500 según Euskal Memoria), las incidencias en este terreno han sido numerosas.

Cada detención y allanamiento ha sido compartido con la incautación de numeroso material, desde libros, discos, ropa, ordenadores, reproductores de sonido, teléfonos... hasta sumas de dinero, más o menos considerables. Bibliotecas, archivos y fondos de numerosas organizaciones políticas y sindicales se encuentran en la actualidad depositados en dependencias policiales y judiciales, cuando no han sido destruidos, siguiendo la estela precisamente de la primera incautación a organizaciones republicanas que se hizo en Bilbao en 1937 y sirvió para la creación, durante el franquismo, del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

La costumbre del despojo y del saqueo tiene también raíces en el pasado más cercano. Muchas de las joyas y obras de arte robadas a los perdedores de la guerra civil han reaparecido en museos públicos, viviendas privadas, incluso en subastas públicas recientes. La sucursal de un banco ubicado en la Plaza del Castillo de Iruñea guardó en sus cajas de seguridad durante décadas parte del producto de aquel expolio.

De Torre Olaso a la deuda de HB

Ya hace años, Telesforo Monzon, el que fuera diputado en las Cortes madrileñas tanto durante la Segunda República como en la Transición, se quedó helado al observar por televisión, desde su exilio en Donibane Lohizune, numerosos objetos de su vivienda de Bergara fuera de contexto. Cuadros, vajilla, muebles... de la torre Olaso de Bergara aparecían en el Pazo de Meirás, residencia veraniega del dictador Franco.

Si el saqueo de las propiedades de Monzón tuvo un fin ornamental, en otras ocasiones los robos fueron catalogados como «trofeos de guerra». Esta obsesión ha estado presente en multitud de allanamientos, incluso recientemente denunciados desde las páginas de GARA (con relación al abandono del cuartel de la Policía Nacional de Aldapeta, en Donostia).

Hace ahora 30 años, Joseba Elosegi sustrajo una ikurriña exhibida en el Museo del Ejército de Madrid como «bandera capturada al enemigo». Se abrieron diligencias y, por cierto, Europa Press anunció que la ikurriña reaparecería en el Gudari Eguna, hecho que no ocurrió. Elosegi se defendió así: «He recuperado algo que nos fue robado».

Los trofeos de guerra sin embargo, han sido la parte iconográfica del despojo, la que ha acompañado a otra más efectiva, la material. Esta última, con dos variantes: las avaladas por los tribunales y las intangibles, esas misteriosas desapariciones en registros y detenciones que jamás constan en los informes de los secretarios judiciales, en los casos en que estos existen.

Entre las primeras, las soportadas por la ley, la lista es interminable. Desde la incautación («robo» según los pasquines distribuidos en Tolosa) del coche del cura Lukas Dorronsoro, por no pagar una multa de 2.500 pesetas, hasta el impago a Herri Batasuna de las subvenciones que le correspondían por sus resultados electorales.

Hasta en cinco ocasiones dictaminó el Tribunal Supremo español que la deuda del Estado con Herri Batasuna (cerca de dos millones de euros) era ilegal y anticonstitucional. Finalmente, cuando Herri Batasuna fue ilegalizada, el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió distribuirla entre las llamadas «víctimas del terrorismo», por un lado, y la BBK y Kutxa, por otro, por impagos en préstamos morosos. Aquel reparto tuvo su lado oscuro. Simultáneamente, BBK condonaba una deuda de 21 millones de euros al PSOE, que llevaba arrastrando 18 años.

El dinero en efectivo, una constante

Los despojos y saqueos intangibles son aquellos de los que no queda constancia. Hay una máxima en todos los allanamientos policiales y militares. Todas aquellas cantidades encontradas en efectivo son incautadas sistemáticamente. LAB denunció la desaparición de 1.800 euros durante el registro reciente de su sede por parte de la Guardia Civil. Decenas de detenidos les han precedido en sus denuncias.

En 1999, durante la detención de Mikel Egibar, una juez de la Audiencia Nacional dictó una orden de registro contra dos sedes de Herri Batasuna en Donostia por parte de miembros de la Guardia Civil quienes, de inmediato, procedieron a su ocupación y saqueo. HB denunció la desaparición de dieciocho ordenadores y diversas cantidades de dinero. El juez Baltasar Garzón ordenó la devolución de los ordenadores. Del resto no hubo noticias.

Tres años más tarde, en 2002, la Policía de Aduanas francesa detuvo en Valenciennes a dos militantes de Batasuna, Jon Gorrotxategi y Mikel Corcuera, procedentes de Bruselas, donde habían compartido reuniones con el entonces eurodiputado Koldo Gorostiaga. Les incautaron 200.000 euros de la oficina de Batasuna de Bruselas. La jueza francesa Levert abrió una investigación que cinco años más tarde, en 2007, se la pisó el español Garzón. Al día de hoy, la cantidad no ha sido devuelta a sus propietarios y las dudas sobre su destino, tras el rifirrafe entre Levert y Garzón, siguen abiertas.

Militantes de ETA denunciaron la desaparición de importantes cantidades de dinero en el momento de su captura. Por razones obvias, nadie presentó demandas judiciales, pero en algunos informes se deslizaban los detalles.

El caso más notorio fue el del secuestro de Emiliano Revilla, en 1988. Después de negociar el rescate entre la familia y la dirección de ETA, un intermediario depositó 750 millones de pesetas en un coche en Baiona. Unos días después, la PAF detenía a Félix Pérez Alonso cuando iba a retirar el dinero. La PAF realizó su informe pertinente, en el que se hacía eco de la incautación de los 750 millones y su empaquetamiento. En París, el juez Michael Legrand recibió días después el cargamento y los documentos preceptivos. Faltaban 25 millones. Investigaciones periodísticas apuntaron a la dirección de la PAF.

El saqueo de Orereta

De todas estas informaciones, seguramente la que más ha permanecido como icono en la memoria colectiva ha sido la del saqueo de establecimientos en Orereta, el 11 de julio de 1978. Gracias a una mítica fotografía, una comisión popular pudo identificar a una compañía de policía procedente de Miranda de Ebro, que había acudido a Errenteria aquel día para reprimir las protestas por las muertes primero de Germán Rodríguez en Iruñea y luego de Joseba Barandiaran en Donostia.

El capitán José Luis Farizo Martín mandaba aquella compañía. Cuando las imágenes del saqueo dieron la vuelta al mundo, Farizo abandonó la entonces Policía Armada, reintegrándose al Ejército, que lo destacó en Tarragona. Era veterano del Sahara y, después del robo de la compañía que mandaba, ascendió a coronel y se especializó en contraguerrilla, en los Pirineos. Murió en Zaragoza en 2011 con un currículo «intachable».

En Orereta, los policías rompieron los escaparates de numerosos establecimientos, en una actuación calificada como bárbara, robando radios, relojes y... pasteles. Aunque la imagen obtenida fue solo una, los establecimientos afectados se contabilizaron como más de cincuenta. Hasta ``El País'' se hizo eco de los actos vandálicos, añadiendo que en un portal de la calle Aralar «los miembros de la fuerza pública defecaron y orinaron repetidamente».