21/01/2015

Libertad por 200.000 euros para Bárcenas que debe 7 millones, oculta dinero a la AN y no ha colaborado

La Audiencia Nacional decidió ayer poner en libertad a Luis Bárcenas con una fianza de 200.000 euros. El extesorero del PP todavía debe entre 7 y 8 millones de los 43,2 de la responsabilidad civil. El auto reconoce que Bárcenas oculta «ingentes cantidades dinerarias» «fuera del alcance de los tribunales» y que no ha colaborado con la justicia.

Iñaki IRIONDO GASTEIZ
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Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Pedro ARMESTRE/AFP)

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside Ángela Murillo ha decidido poner en libertad con fianza de 200.000 euros al extesorero del PP Luis Bárcenas. La decisión del tribunal se basa en que lleva ya 19 meses en prisión provisional, el agotamiento de la investigación de una de las piezas en las que se le imputa, su «arraigo personal, social, familiar y laboral» en el Estado español, y que en ningún momento consta que «haya intentando sustraerse a la acción de los diversos órganos judiciales».

Lo llamativo del auto es que, al mismo tiempo que le concede la libertad provisional, reconoce que Luis Bárcenas mantiene «ingentes cantidades dinerarias de las que puede disponer y que por ahora se mantienen fuera del alcance de los tribunales».

A su vez, niega que -como adujo su defensa- haya mostrado una actitud colaboradora con los órganos investigadores. El tribunal asegura taxativamente que «eso no se corresponde con la verdad». Recuerda «la multitud de actuaciones judiciales que han tenido que efectuarse frente a la ostensible opacidad mostrada por el interesado en la cadena de declaraciones vagas y confusas que ha presentado en el devenir procesal».

Luis Bárcenas está procesado por los delitos de cohecho, contra la Hacienda pública, de blanqueo de capitales,apropiación indebida, de falsedad en documento mercantil y de estafa procesal en grado de tentativa, por los que la Fiscalía pide 42 años de cárcel. La Audiencia Nacional considera que los 200.000 euros de fianza son «acordes y proporcionados» a la gravedad de los hechos imputados, y «concilia su natural y lógica pretensión de puesta en libertad con la garantía de evitar la fuga».

Sin embargo, para las acusaciones dicha cantidad es «irrisoria». Recuerdan que a Luis Bárcenas se le impuso una fianza de 43,2 millones de euros para hacer frente a su responsabilidad civil. Sin embargo, tras el embargo de todas sus propiedades puestas a disposición de los tribunales, todavía faltan por aprovisionar entre 7 y 8 millones de euros. Esa cantidad debería ser reclamada con anterioridad, según las acusaciones.

Por contra, su todavía abogado, Javier Gómez de Liaño (que el lunes renunció ante el juez a su defensa), considera que 200.000 euros es una cantidad difícil de recaudar teniendo en cuenta que Luis Bárcenas tiene embargados todos sus bienes reconocidos ante la Audiencia Nacional. En cuanto deposite la fianza, quedará en libertad y tendrá que acudir a firmar a la Audiencia Nacional los lunes, miércoles y viernes.

Reacciones política

Obviamente, la decisión judicial sobre la libertad de Luis Bárcenas, una cuestión que afecta de lleno a la financiación ilegal del partido que gobierna en el Estado español, suscitó una cascada de reacciones políticas. Desde el PP se pretende presentar el caso como una cuestión personal de su extesorero que se lucró a cuenta de la organización y con el que ya no tienen nada que ver. Los partidos de la oposición coinciden en que la fianza impuesta es baja y algunos de ellos ven una cierta componenda política y un intento de que el imputado no hable más de lo dicho hasta la fecha.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, intentaron hacer ver que la situación procesal de su extesorero les es «absolutamente indiferente». El ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegó incluso a afirmar que de lo investigado se deduce que el PP es el perjudicado en el caso Gürtel.

El PSOE anunció que intentará hacer lo posible para que Bárcenas no sea excarcelado (el auto no admite recurso), mientras que otras fuerzas como ERC e IU se fijaron en que todas las pruebas, como los discos duros del PP, ya fueron destruidos en su día, o recordaron el mensaje de «Luis, sé fuerte» que le envió el presidente Mariano Rajoy.

El PP de la CAV intenta desviar la atención de su sede central

La Intervención General de la Administración del Estado, dependiente de Hacienda, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía española, y el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz han concluido que el PP de la CAV financió con dinero negro la adquisición de su sede central en Bilbo y que buena parte de este dinero salió de una cuenta abierta para donativos que ayudaran a sufragar los gastos de seguridad de los concejales del partido, y que Angel Acebes aseguró que nunca se utilizarían para otro fin. Según la Policía y Hacienda hay concordancia entre las contabilidad B que anotó Luis Bárcenas y estos pagos de la sede bilbaina.

Ante la evidencia, el PP de la CAV intenta desviar la atención de lo ocurrido y pretende hacer ver que la cuestión se reduce a que alguien, que pudiera ser Bárcenas, se había lucrado con los fondos del partido. La secretaria general del PP de la CAV, Nerea Llanos, insistió ayer en ello. «Nosotros -declaró en Radio Euskadi- hemos dicho desde el PP vasco en muchas ocasiones que a todo el PP le parece absolutamente deleznable este tipo de actuaciones de quienes vienen a ejercer la política, no para lo que hay que ejercerla, que es servir a los ciudadanos, sino para servirse a ellos mismos». Llanos abrió otra línea de justificación argumentando también que la construcción de la sede central del PP en Bilbo exigió muchas inversiones en seguridad.

Sin embargo, cabe recordar que la acusación que se dirige en este caso es que los pagos de la hipoteca entre 1999 y 2005 se hicieron desde una contabilidad paralela a la oficial, tanto a través de transferencias bancarias tras el blanqueo de los donativos como incluso con la entrega de las mensualidades en mano al gerente de la CAV.

GARA

La fuga de Esperanza Aguirre no será juzgada

El juez Carlos Valle acordó ayer el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas sobre el incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, al considerar que no ha quedado probado que desobedeciera a los agentes ni que lesionara a uno de ellos con su vehículo. Los hechos que se investigaban ocurrieron el 3 de abril de 2014 en la confluencia de las calles de Gran Vía y la plaza de Callao de Madrid, cuando Aguirre, que había estacionado mal su vehículo, fue denunciada por los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que le acusaron además de desobediencia, lesiones y daños, después de que le persiguieran hasta su domicilio sin conseguir que parara. Fueron los guardias civiles de su escolta los que recibieron y negociaron con los agentes municipales.

El juez Carlos Valle decidió en su día tramitar la causa como un juicio de faltas, pero la Audiencia de Madrid estimó un recurso de una acusación popular y le devolvió el caso al estimar que los hechos pudieran constituir un delito de desobediencia. Ahora, ha determinado que no hay ni delito ni falta. El auto es recurrible.

En determinados ámbitos se considera que Carlos Valle es un juez cercano al PP. Por ejemplo, libró a dos militantes del PP de responder ante la justicia por agredir supuestamente al entonces ministro José Bono durante una manifestación de la AVT en 2005. Al contrario, condenó a los escoltas de Bono por «retención ilegal» de los detenidos. El Tribunal Supremo resolvió dos años después el entuerto. Valle fue también quien en 1986, dos días antes de que se liberalizara el aborto, ordenó una redada contra clínicas abortistas con la detención de 39 personas.

GARA

EL PP, PARTÍCIPE. Los tres últimos extesoreros del PP, Álvaro Lapuerta, Ángel Sanchís y Luis Bárcenas están imputados por la Fiscalía Anticorrupción en los delitos de la trama Gürtel. La acusación del periodo 1999-2005 abarca a 42 personas y también al PP como «partícipe a título lucrativo»