05/03/2015

Obama logra fondos para la seguridad interior con su plan migratorio intacto

El presidente de EEUU, Barack Obama, firmó ayer la ley que otorga fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y deja intactas sus medidas ejecutivas sobre inmigración, después de que la división en el seno de los republicanos hiciera fracasar el intento de bloquearlas poniendo fin a una batalla que mantenían desde hace semanas con los demócratas. Ya no existe riesgo de un cierre parcial del Gobierno, como ocurrió en 2013.

GARA WASHINGTON
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«Quiero agradecer a los miembros del Congreso por lograr una ley que garantiza que vamos a poder continuar financiando el extraordinario trabajo de nuestros hombres y mujeres en el Departamento de Seguridad Nacional», señaló Barack Obama tras firmar la ley, aprobada el martes en el Congreso, para dotar de fondos al DHS hasta finales del año fiscal -30 de setiembre- sin ningún tipo de condición sobre las medidas migratorias aprobadas por decreto por el presidente.

Después de dos semanas de debate a causa de la presión del sector más ultraderechista del Partido Republicano, con el Tea Party al frente, para supeditar la financiación del DHS al bloqueo de las medidas migratorias del Obama, la Cámara de Representantes aprobó sin condiciones el texto, ya avalado por el Senado.

Tanto los demócratas como el presidente habían advertido de que harían todo lo posible para frenar cualquier legislación que atentase contra las acciones ejecutivas adoptadas en noviembre por Obama, ante la incapacidad del Congreso para llegar a un acuerdo sobre una reforma migratoria integral, pero al final se impuso el pragmatismo del «establishment» del Partido Repúblico, que abogaba por aprobar una ley de financiación del DHS «limpia» y votar las medidas migratorias por separado, y sobre el que también pesó el riesgo de enfurecer a la influyente población latina, tradicional votante demócrata, de cara a las elecciones presidenciales de 2016.

La estrategia de los republicanos no salió adelante y los republicanos de ambas cámaras terminaron divididos. Finalmente el martes, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, que inicialmente se posicionó del lado del sector más ultraderechista que consideraba una cesión aprobar la ley sin condiciones, cambió su postura y concedió la victoria a sus rivales. Dos tercios de los republicanos votaron en contra y todos los demócratas a favor. Aunque la derrota cuestiona su liderazgo, Boehner consideró que «con el aumento de las amenazas contra nuestro país, dejar a los servicios de seguridad sin financiación no era una opción».

El presupuesto para el DHS venció el 28 de febrero tras una extensión temporal anterior, pero ambas cámaras acordaron aprobar una disposición para prorrogarlo una semana más, mientras se daba el debate, y evitar así el cierre parcial del Gobierno, algo que finalmente no ocurrirá.

Las medidas de Obama buscan evitar que cerca de 5 millones de inmigrantes en situación irregular que cumplan ciertos requisitos sean deportados a sus países de origen, al tiempo que se da prioridad a la expulsión de aquellos que hayan cometido delitos o sean un «peligro» para el país.

El voto sobre el texto sin condiciones ha provocado el descontento de la extrema derecha republicana y la división en el partido, pero Boehner recordó que las medidas aún no han entrado en vigor por orden judicial. Y es que si la votación del martes implica una derrota para los republicanos, en los tribunales aún queda un largo camino.

A mediados de febrero, el juez federal Andrew Hanen suspendió temporalmente el plan de Obama, cuya primera fase ya debía estar en marcha, mientras estudia una demanda interpuesta por 26 estados en manos republicanas que lo creen anticonstitucional. Estos estados pidieron al juez que mantenga la suspensión tras el recurso de urgencia presentado por el Gobierno para poder empezar a aplicarlas mientras no haya resolución firme.

El futuro del Obamacare, en manos del Supremo

La Corte Suprema, muy dividida, analiza desde el martes una demanda contra los subsidios federales para comprar seguros médicos, una pieza clave de la reforma sanitaria de Barack Obama (ACA), conocida como Obamacare, que podría suponer la derogación de facto de esta ley-legado del aún presidente de EEUU. El fallo se espera para junio.

El Alto Tribunal debate sobre si millones de los estadounidenses que han suscrito un seguro médico tienen derecho a la desgravación fiscal. Esta rebaja fue una medida adoptada por el Gobierno federal para sortear la negativa de 34 estados (en manos republicanas) a hacer lo propio para garantizar a los más pobres su derecho a una cobertura sanitaria.

El Supremo estudia el recurso de cuatro demandantes de Virginia -uno de ellos un veterano de Vietnam-. Si les da la razón, millones de personas no podrán hacer frente a las cotizaciones sin ayudas fiscales y se verán obligadas a renunciar a un sistema de sanidad que busca, con Obama, acercarse a la universalidad.

El tribuna avaló in extremis la reforma en 2012, pero en 2014 falló que un empresario no está obligado a pagar por la anticoncepción a sus empleados si es contrario a sus creencias religiosas. GARA

DEPORTACIONES. Colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de los inmigrantes, como la Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses (AILA) han expresado su preocupación porque agentes de inmigración de su país están arrestando y deportando a personas que podrían beneficiarse d la reforma migratoria planteada por Obama.