Importa el cuándo pero también el cómo. Y mirando a esos esas dos referencias la reforma del sistema de pensiones que presentó ayer Elisabeth Borne plantea cambios tildados de brutales por todos los sindicatos y buena parte de la oposición parlamentaria.

Los trabajadores deberán esperar a la edad de 64 años para poder jubilarse, de acuerdo a un calendario que aspira a «garantizar el equilibrio del sistema» en 2030.

A ese cuándo, al que ocho sindicatos responderán en la calle el 19 de enero, hay que sumar el cómo, no menos amargo. La segunda exigencia para poder cobrar el 100% de la pensión es haber cotizado 43 años, frente a los 42 actuales. Esa ampliación del periodo de cotización se aplicará de manera efectiva desde 2027, cuando inicialmente se planteaba a partir de 2035.

Como compensación a esos aspectos de la reforma, cuya digestión se anuncia difícil, el Gobierno de Elisabeth Borne promete una pensión mínima «para todos» de «en torno a 1.200 euros». Ello tendría como primer efecto mejorar, desde setiembre, la retribución de dos millones de jubilados con pensiones modestas.

La premier Borne aclaró, ante las reiteradas preguntas de los periodistas, que el aumento de las pensiones mínimas afectará «a las pensiones tanto actuales como futuras».

Ello implica una revalorización automática de unos cien euros para los pensionistas, muchos de ellos mujeres, con percepciones más modestas.

Esa promesa, que podría resumirse en la idea de que una trabajadora que haya trabajado toda su vida laboral cobrando un sueldo en base al Smic o salario mínimo cobre, cuando se jubile, al menos el 85% del Smic neto, esto es «en torno a 1.200 euros». Es la «zanahoria» de un plan cargado de «palos», en el que se mantiene la edad límite de 67 años, que rige para quienes no tienen la cotización completa, y se plantea un tope de 44 años de cotización para trabajadores con carreras largas.

Dudas en la aplicación

El leit-motiv de la reforma es «trabajar más» para poder mantener un sistema de repartición que se universalizará, ya que incluirá en la misma caja a asalariados, empleados públicos y emprendedores. Pero la duda razonable es su aplicabilidad. Si un tercio de los franceses no trabajan hoy a partir de los 58-60 años pese a que la edad de referencia vigente es de 62 años, ¿qué hace pensar al Gobierno que las empresas mantendrán hasta los 64 años a sus empleados?

Según Borne, que corteja los votos de Les Républicains (LR), partido que anoche se dijo satisfecho por la «rectificación gubernamental» sobre la edad de referencia y la revalorización de las pensiones más pequeñas, todo pasa por mejorar la empleabilidad de los «senior». Las empresas deberán presentar planes a ese efecto y se baraja también hacer compatible sueldo y pensión.