Mientras los estadounidenses eligen a su próximo presidente, 2,4 millones de puertorriqueños están convocados a las urnas para –además de elegir gobernador, legisladores, alcaldes y representante ante Washington– decidir si mantienen su actual situación de Estado Libre Asociado, se integran como un estado más de Estados Unidos u optan por la independencia.

La consulta –no vinculante, ya que en última instancia decide el Congreso de EEUU– consta de dos preguntas: en la primera se consultará si desean cambiar su actual estatus político territorial como Estado Libre Asociado; en caso afirmativo, la segunda pregunta les planteará la opción de elegir entre la anexión total a Estados Unidos, la independencia total o una «asociación libre soberana».

El referéndum es una iniciativa del actual gobernador de la isla, Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista (PNP), que apuesta por la anexión como un estado más. «Seremos líderes de los hispanos cuando formemos parte de Estados Unidos», afirmó en un mitin.

Los argumentos de los anexionistas, que también tratan de generalizar la enseñanza del inglés en el sistema educativo en lugar del español, es ser tratados como un estado más.

«No es agradable ser reclutado para la guerra de un país en el que uno no puede participar en las elecciones», afirma Kenneth McClintock, secretario de Estado de Puerto Rico, quien también lamenta la jurisdicción de jueces federales y de un Congreso que no han elegido los puertorriqueños.

Crisis económica y paro

Por contra, la oposición liderada por el Partido Popular Democrático (PPD), cuyo candidato a gobernador es Alejandro García Padilla, apoya la alternativa del Estado Libre Asociado vigente en la actualidad.

Analistas locales estiman que esta alternativa se ve impulsada por el temor de la población a que se diluya su identidad nacional y a que dejen de llegar fondos desde Washington.

Padilla acusa a Fortuño de haber convocado la consulta para ocultar la profunda crisis económica y la violencia asociada al narcotráfico. Puerto Rico sufre un paro superior al 15% y más de mil muertes violentas en 2011 sobre una población de 3,7 millones de habitantes.

En cuanto al Partido Independentista puertorriqueño apoya abiertamente la plena soberanía. Desde el campo independentista, el movimiento hostosiano considera el plebiscito fraudulento por no ser vinculante. «EEUU tiene el control absoluto sobre el país», denuncian. Aseguran que, pese al escaso apoyo que refleja la opción independentista en las urnas, existe una afirmación nacional en un proceso de construcción.

La puertorriqueña Vilema Verón, integrante del Colegio de Abogados de Puerto Rico, opina que «el Gobierno intenta sacar a sus huestes a votar ante una gestión nefasta, con 30.000 empleados públicos despedidos, el desempleo y el impacto de la recesión económica».

En cuanto a la elección a gobernador, Fortuño pide continuidad para su proyecto y ha tratado en los últimos meses de presentar un escenario de recuperación económica que no confirman las estadísticas. El gobernador, que heredó un déficit fiscal de 3.200 millones de dólares de la anterior Administración, subraya que el despido de decenas de miles de empleados públicos fue un mal necesario del que se recogerán frutos.

García Padilla responde que durante la mayor parte de la legislatura el desempleo superó el 15% -5 puntos más que cuando Fortuño llegó al poder-, y propone un programa que incluye la creación de 50.000 nuevos empleos en los próximos 18 meses con el apoyo de incentivos a las empresas, ayudas a la exportación de productos puertorriqueños y la mejora de la cualificación de los trabajadores.