La reforma constitucional pactada en pleno agosto de 2011 por el PSOE y el PP –con el apoyo de UPN– no se limitó a cambiar algunas letras de la intocable Carta Magna, sino que puso las bases para el posterior desarrollo de leyes que, bajo la consigna de la austeridad, modulan la acción económica, y política de las instituciones del Estado español. Primero fue la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que con los votos del PP, CiU y UPyD –y la abstención del PNV– estableció como norma jurídica la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otro gasto, por urgente que sea. Ahora es el turno de la reforma de la Administración local, con la que, de entrada, numerosos municipios menores de 5.000 habitantes podrían simplemente dejar de existir jurídicamente para fusionarse en entidades mayores. En Euskal Herria, EH Bildu ya ha advertido que podría afectar a 430 municipios.

Según el proyecto de ley, la reforma constitucional y la Ley de Estabilidad Presupuestaria recién citadas exigen «adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero». Pese a su oposición inicial, la tramitación de la ley fue finalmente apoyada por el PNV, que retiró su enmienda a la totalidad a cambio de un respeto todavía sin concretar a las competencias de la CAV. El resto de la oposición presentó hasta 400 enmiendas, que la mayoría absoluta del PP en el Congreso salvará sin problemas.

Las críticas de la oposición se centran en tres aspectos fundamentales: por un lado, la ya mencionada austeridad, elevada a dogma con la actual crisis financiera y que restringe notablemente la capacidad de los ayuntamientos para responder a las necesidades de sus ciudadanos. Sin embargo, hay algo que no cuadra en los mensajes sobre el supuesto despilfarro municipal que esgrime el Gobierno de Mariano Rajoy como uno de los motivos para impulsar la reforma y es que la Administración local es la única Administración del Estado sin déficit. De hecho, en 2012 acabó el ejercicio con un superávit del 0,22%, permitiendo a Rajoy maquillar un poco la negativa cifra de déficit del resto de administraciones, sobre todo de la estatal.

Por lo tanto, más allá de los desmanes de un municipio concreto u otro, resulta difícil vender la estabilidad presupuestaria como motivación para acometer la reforma de la Administración local, por lo que es necesario buscar otros motivos.

Centralización y privatización

En primer lugar, en el proyecto de ley de la reforma local es una constante la amenaza de la pérdida de competencias para aquellos municipios en números rojos, que podrían llegar a ser forzados a fusionarse con otros municipios vecinos. Las restricciones llegan también a los municipios con las cuentas saneadas, que difícilmente podrán asumir nuevas competencias, por imperiosa que sea la necesidad de sus habitantes.

Serán las diputaciones, tan criticadas hasta ahora en algunos lugares por funcionar como agencias de colocación de los partidos, las que asuman las competencias arrancadas a los municipios. Y junto a las diputaciones, el control estricto del Ministerio de Hacienda. Es por todo ello que la oposición ve un esfuerzo recentralizador en la reforma local, así como un grave perjuicio a la autonomía municipal, ya que, según insisten todos los grupos de la oposición, la local es la Administración del Estado más cercana a los ciudadanos y aquella donde el concepto de democracia adquiere algún sentido diario.

Los partidos de la oposición también denuncian que, de esta manera, se devaluarán los servicios prestados a los ciudadanos, iniciando una espiral demasiado conocida en los últimos tiempos: baja la calidad del servicio público y, en nombre de la eficiencia, se abre la puerta al mercado privado. Así lo contempla la propia ley, que habla de «favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas». La diferencia es grande: una Administración pública ofrece un servicio, mientras que una empresa privada busca el beneficio.