Nosotros acusamos de ser de Herri Batasuna». La afirmación, lanzada durante su informe final por el fiscal Vicente González Mota, terminó confirmando lo que los imputados han denunciado desde que se inició el macrojuicio contra Batasuna: que nos encontramos ante una causa general contra las plataformas institucionales de la izquierda abertzale. A lo largo de su confusa y contradictoria intervención, el representante del Ministerio Público matizaría sus palabras, pero basta con haber seguido los cinco meses de procedimiento para comprobar que eso es precisamente en lo que se convirtió la sala: un intento de sentenciar penalmente 30 años de HB, EH y Batasuna.

Las conclusiones finales pusieron en evidencia lo endeble de los argumentos de la acusación. No obstante, en la Audiencia Nacional el Código Penal resulta aleatorio a la hora de adoptar las decisiones. Cuestiones procedimentales al margen, el Estado podría aprovechar el fallo para continuar con su ofensiva en el terreno político. Pese a que Batasuna ya está ilegalizada, no parece descabellado pensar que haya poderes en Madrid que confíen en una condena más histórica que jurídica para apuntarse un tanto en la «batalla del relato», uno de los frentes que más les preocupa.

Revisar las portadas de la prensa española en 2002, cuando Garzón inició la causa, es esclarecedor. Ante el aplauso unánime, el entonces intocable togado llegó a usar alegremente conceptos como «limpieza étnica» o «genocidio», introduciendo ocurrencias como la de de exigir a Batasuna 24 millones de euros para sufragar los costes de todas y cada una de las acciones de kale borroka registradas en Euskal Herria. Unos sabotajes que, por cierto, nadie ha imputado a la formación abertzale.

En octubre de 2013, fecha del inicio del juicio, las ilusiones creadas por el juez estrella ahora caído en desgracia se habían desvanecido a la misma velocidad con la que los medios que dedicaron infinidad de portadas a las imputaciones perdían interés por lo que ocurría en San Fernando de Henares.

Que la pretensión de Garzón fue la de abrir una causa general contra Batasuna quedó en evidencia a través de las declaraciones de los peritos policiales. Ellos mismos reconocieron que construyeron las acusaciones con informes elaborados ad hoc a petición del togado.

En su afán por apuntarse un tanto y en un contexto, el de 2002, de fiebre ilegalizadora en el Estado español, se adelantó al Tribunal Supremo y decretó la suspensión de actividades de la formación abertzale. Acostumbrado a convertir en realdidad jurídica sus deseos más delirantes, olvidó que para cargar contra una persona jurídica necesitaba imputar a personas físicas. Así que tuvo que pedir la lista de miembros de la Mesa Nacional sin más acusación que realizar una actividad pública. Esa fue la única investigación practicada, tal y como acreditaron los propios policías, cuyos informes constituyen la única base de la acusación. A partir de ahí, los jueces aprovecharon una interpretación de la ley para marcar el camino al «enemigo».

Ante una instrucción basada en impulsos coyunturales, ¿de qué se ha hablado en cinco meses de vista? De historia. Y, en ocasiones, hasta de prehistoria. Desde los testigos presentados por la defensa, como Patxi Zabaleta o Francisco Letamendia, hasta el perito policial 18.242, casi convertido en un catedrático sobre la izquierda abertzale, los testimonios convirtieron la sala en una clase magistral: desde los inicios de HASI y antes incluso hasta Altsasu o la Mesa Nacional de 2006, ya con la ilegalización vigente. La sensación general era que, en lugar de ante un tribunal, las intervenciones tendrían más sentido en un aula universitaria. Ante el volumen de la retrospectiva, raya en lo esperpéntico que el fiscal esgrimiese el dibujo de una trainera aparecido en un ``Zutabe'' de los años 70 como gran evidencia de la sumisión de KAS y HASI a ETA, hechos que ni siquiera se estaban juzgando.

El Ministerio Público tuvo dificultades para mantener un discurso coherente. Solo así se entiende que terminase diciendo una cosa y la contraria al mismo tiempo. Exigió una condena penal a HB para, poco después, decir que no se acusaba por ser de Batasuna sino por conductas concretas. Acostumbrados a las aberraciones jurídicas, es probable que quien llevó la causa adelante hubiese confundido el 35/02 con la ilegalización en el Tribunal Supremo. Solo así se explica que se soliciten penas por «integración en organización terrorista» a personas a las que se acusa de pertenecer a coaliciones que ni han sido declaradas terroristas ni pueden serlo. Nadie lo ha pedido en todo el procedimiento y ahora sería imposible, ya que al ser ilegales no existen. En el mismo nivel de esquizofrenia se movió el otro fiscal, Marcelo Azcárraga, sobre las herriko tabernak: de afirmar que financian a ETA pasó a decir que la ausencia de trasvases a la organización armada era prueba de sumisión.

Pese al despropósito, cabe suponer que condenar por vía penal la historia de HB, EH y Batasuna puede resultar tentador para el Estado de cara a la «batalla del relato». Un terreno en el que choca una y otra vez con su pretensión de ver de rodillas a la izquierda abertzale, consciente en el fondo de que su problema no son los 32 militantes independentistas, sino su proyecto. Que el tribunal blanquease esta estrategia y suplantase a la sociedad vasca sería una torpe reacción que quien se ve incapaz de jugar la partida del futuro. Por el contrario, la absolución cerraría definitivamente un ciclo y adecuaría a las togas de excepción a lo que ya es una realidad política en Euskal Herria.