En un comunicado, Pillay ha destacado «la necesidad ahora más que nunca de que se asuman responsabilidades por las crecientes evidencias de crímenes de guerra y un número nunca visto de víctimas civiles, incluyendo 250 niños».

Ha condenado el bombardeo de una escuela de la ONU el pasado 30 de julio por parte del Ejército israelí, así como otros ataques en colegios, hospitales, centros de culto e infraestructuras vitales como plantas eléctricas en Gaza.

«Seis escuelas de la ONU han sido atacadas. El bombardeo de escuelas de la ONU que causó la muerte de mujeres y niños asustados y hombres civiles, incluyendo personal de Naciones Unidas, que buscaban refugio para apartarse del conflicto y de actos horrorosos pueden considerarse crímenes de guerra», ha aseverado Pillay.

«¿Si los civiles no pueden refugiarse en escuelas de la ONU, dónde pueden estar a salvo? Abandonan sus casas para salvarse y son atacados donde se han refugiado. Esta es una situación grotesca», agregó la Alta Comisionada.

Pillay ha recordado que la ley internacional establece que el personal y las instalaciones humanitarias –y esto incluye a las escuelas de la ONU en Gaza, especifica– deben ser respetadas y protegidas.

«Los ataques contra personal e instalaciones humanitarias usadas exclusivamente para operaciones de asistencia es una violación de la ley humanitaria internacional y puede considerarse un crimen de guerra», ha señalado.

Pillay ha destacado el número de víctimas palestinas –que superan las 1.800 personas– y ha dicho que las cifras no reflejan la realidad de la tragedia humana en Gaza.

«Lo que estamos viendo es el asesinato de familias enteras, de niños que juegan en las calles o que están intentando buscar refugio», ha asegurado.

Pillay también ha reiterado su condena al «indiscriminado lanzamiento de cohetes» hacia Israel por parte de grupos armados de Gaza, ha recordado que ese acto constituye un crimen de guerra y ha lamentado la muerte de tres civiles israelíes.

Finalmente, ha recordado que en 2009 la comisión de investigación sobre el ataque israelí contra Gaza hizo una serie de recomendaciones «que a la luz de lo que ocurre hoy tienen relevancia».

Una de ellas, ha citado, era transferir el caso a la Corte Penal Internacional «dada la falta de progreso en la asunción de responsabilidades a nivel nacional, y el esfuerzo orquestado de denigrar el informe y sus autores».

«Es imperdonable que la comunidad internacional no pueda encontrar la solución política para aplicar las resoluciones del informe. Estas fueron escritas para evitar futuras violaciones, y para acabar con la impunidad», ha concluido.