Este comité se creó a petición del PSOE en 1979, tras la negociación entre el Gobierno español, en manos de UCD, y ETA (pm) por el secuestro del diputado Javier Rupérez, miembro de la formación que lideraba Adolfo Suárez. Amaiur ha solicitado en dos ocasiones las actas y grabaciones de aquel grupo de trabajo pero no ha tenido éxito. En primer lugar, porque el Congreso argumentó que no existía Diario de Sesiones, ya que se trataba de una comisión secreta que no llegó a pleno. En segundo, por una argucia legal, ya que el órgano rector de la Cámara Baja, en manos del PP, se escudó en una ley de protección de documentos históricos para no facilitar los informes. Ahora, la coalición abertzale solicita que reconsidere su situación.

El escrito, que será debatido mañana, recuerda las «numerosas condenas del TEDH y la existencia de sucesivos informes y requerimientos de la ONU y el Consejo de Europa» sobre torturas, por lo que considera que será de «gran interés» para Amaiur tener acceso a las actas y los archivos en audio. Además, se apoya en el artículo 7 del Reglamento del Congreso en el que reconoce a los diputados la facultad de recabar información de las administraciones públicas para el desempeño de su labor. Finalmente, insiste en que el artículo 23.1 de la Constitución española reconoce el derecho de los ciudadanos a la participación política, cuestión que, a juicio de la coalición abertzale, se vulnera con el veto.

La ‘Comisión de Investigación sobre Presuntos Malos Tratos en el País Vasco’ se constituyó el 28 de diciembre de 1979, cambió de nombre el 25 de febrero de 1981, dos días después del Golpe de Estado de Antonio Tejero, y pasó a denominarse ‘Comisión de Investigación de Derechos Humanos’, una nomenclatura que mantuvo hasta su desparición cuando el PSOE ganó las elecciones en 1982 y se disolvieron las Cortes. El material recogido no ha visto la luz desde entonces y las conclusiones y recomendaciones de los diputados participantes nunca se aplicaron.