Díaz Ferrán y el ‘liquidador’ de empresas Ángel de Cabo han aceptado cumplir una pena de cinco años y medio y cinco años de prisión respectivamente por el vaciamiento del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores. Ambos han admitido los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.

En la primera sesión del juicio en contra de ambos y otras nueve personas la Fiscalía –que pedía 15 años para el antiguo presidente de los empresarios españoles– las defensas y las acusaciones particulares han alcanzado un acuerdo de conformidad. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa.

La Fiscalía ha considerado que a ambos se les debe aplicar los atenuantes de confesión tardía y devolución del efecto del delito después de que hayan reconocido los hechos y hayan colaborado a la «reinserción a la masa concursal de ciertos concursos cuya existencia se desconocía».

El pacto alcanzado se extiende también para los otros nueve acusados, entre ellos la  mano derecha de Ángel de Cabo, Iván Losada, y el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, que han admitido penas de dos años y medio y 22 meses de prisión.