Rousseff ha estado arropada por su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y por el expresidente de Uruguay, José Mujica, quienes le han respadado durante un acto en Sao Paulo con la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor central sindical de Brasil.

La presidenta brasileña se ha mostrado contundente contra los que quieren «acortar» su mandato «sin hechos jurídicos» y ha acusado a la oposición de querer expandir «el odio y la intolerancia» en Brasil.

En su discurso más político, como el propio Lula ha admitido, la mandataria ha recalcado que los movimientos articulados en las últimas semanas para la apertura de un proceso con miras a su destitución son «abiertamente golpistas».

«Lo que antes era inconformismo, se transformó en un deseo de retroceso político y eso tiene un nombre: eso es golpismo de manera abierta», ha resaltado.

La declaraciones de Rousseff se producen en un momento de gran tensión política, ya que el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, tiene en su mesa varias acciones intentadas por la oposición con miras a la destitución de la mandataria, las cuales deberán ser analizadas en los próximos días o semanas.

Pese a las numerosas peticiones ya archivadas por Cunha, la oposición confía en que el presidente de la Cámara acepte la solicitada por un grupo de juristas debido a que cuenta con basta argumentación jurídica y se refiere a las maniobras contables ilegales que el Gobierno supuestamente realizó para maquillar sus resultados fiscales de 2014.

«La artificialidad de los argumentos (de la oposición) es absoluta y la voluntad de producir un golpe contra el funcionamiento es explícita», ha añadido la mandataria.

Lula ha ensalzado las palabras de su sucesora en el cargo y ha afirmado que Rousseff «comenzó a hacer historia como líder política».

«Hoy Dilma se liberó. Todavía voy a descubrir con quién conversó, porque la Dilminha que vino hoy aquí es otra Dilma», ha afirmado Lula sobre la presidenta, quien acostumbra a realizar discursos con menor carga política.

Mujica, por su parte, ha evitado abordar la crisis política en la que se encuentra sumido su vecino latinoamericano, pero su presencia ha sido simbólica en un momento en el que la popularidad de la presidenta y del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) está de capa caída en las encuestas.

Además de las turbulencias políticas que en los últimos meses zarandean Brasil, la aceptación del PT y de la propia presidenta se ha visto arañada por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que ha salpicado a importantes nombres del partido.

El máximo tribunal de justicia de Brasil autorizó recientemente a la Policía Federal a convocar para un interrogatorio a Lula en la calidad de testigo, por la red en Petrobras, de la que, según los balances de la compañía, fueron desviados 2.000 millones de dólares en la última década.

A ello se suma una delicada situación económica. Brasil está inmerso en un recesión técnica, con unos niveles de inflación próximos a los dos dígitos y unas tasas de desempleo que han aumentado progresivamente en los últimos meses, debilitando la confianza y el consumo de las familias.

Para intentar enderezar la economía del país, el Ejecutivo de Rousseff lanzó un plan de ajuste fiscal, que incluye una reducción del gasto y un aumento de los ingresos a través de la vía tributaria, lo que ha sido duramente criticado por los sindicatos.