El tribunal europeo ha decidido este jueves anular la decisión de la Comisión Europea que declaraba ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales para los inversores en astilleros y que obligaba al Estado a recuperar estos apoyos.

En concreto, la sentencia anula la decisión de la Comisión Europea de 17 de julio de 2013, que fue el resultado de un procedimiento iniciado en junio de 2011 y que afectaba, según los datos aportados por el Foro, a 273 transacciones por un valor total de 8.727.997.332 euros. El procedimiento culminó considerando ayuda de estado incompatible con el mercado interior al antiguo sistema de tax lease aplicado entre los años 2007 y 2011.

El Foro ha resaltado que ahora el Tribunal europeo ha determinado que el sistema «no constituía ayuda de estado» y considera que este sistema «no tiene carácter selectivo, ya que todos los contribuyentes en España que desarrollaran una actividad económica e invirtieran en este tipo de operaciones podían resultar beneficiarios del sistema». Como consecuencia de esta sentencia, quedará anulada la orden de recuperación de las «supuestas ayudas» concedidas.

Comisario Joaquín Almunia

El Foro Marítimo Vasco ha recordado que la apertura del expediente de investigación se produjo en «un duro contexto» de crisis económica, bajo el mandato del entonces comisario de Competencia y Vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, y supuso la «inmediata paralización de pedidos» de nuevas construcciones.

De este modo, se produjo «un drástico frenazo» en la actividad para todo el sector, con unos efectos «devastadores» para la industria naval. El impacto en la industria auxiliar vasca fue «enorme» y conllevó «la desaparición de unas treinta empresas subcontratistas de los astilleros», dedicadas a trabajos de soldadura, calderería, tubería o mecanizado, a lo que se unió «la reducción de empleo, ERE y actividad industrial» en «muchas otras» empresas.

«La pregunta que nos hacemos es ¿y ahora qué?, ¿quién o cómo se compensa el daño sufrido por nuestra industria, la pérdida de contratos, la desaparición de empresas, el que te dejen sin instrumentos financieros que no te permitan competir en el mercado internacional?», ha señalado el Foro.

A su juicio, la Comisión Europea debería tener «mecanismos compensatorios que palien los efectos de una decisión tomada con cierta ligereza y sin medir sus efectos reales en el tejido industrial de una comunidad o de un país».