Cuesta explicar que una moción para reeditar el apoyo del Parlament a la Declaración de desconexión aprobada hace tan solo cinco meses haya costado tanto y haya dado pie a tanta polémica, pero así fue. De hecho, el episodio puede funcionar a modo de resumen de los tres meses de legislatura catalana que se cumplirán el domingo. Un trimestre desde que Carles Puigdemont fue investido president in extremis, después del paso a un lado de Artur Mas, y que aprovechamos para echar la vista atrás y ver qué fue de la hoja de ruta de 18 meses, de los que ya se ha cumplido una sexta parte.

Lo primero que salta a la vista es el recelo, la desconfianza y la distancia que siguen imperando en la relación entre los actores parlamentarios del proceso, Junts pel Sí y CUP, tal y como demostró el episodio de la moción aprobada ayer. El texto fue presentado por los diputados de la Esquerra Independentista para dar apoyo a los ayuntamientos perseguidos por los tribunales españoles y reiterar el compromiso con la Declaración de desconexión del 9 de noviembre, aquella que decía que el Parlament ignoraría los mandatos del Tribunal Constitucional y que, como cabía esperar, el propio TC anuló por la vía rápida.

Aunque finalmente el grueso del texto fue aprobado (JxSí votó en contra de que cargos públicos y Mossos desobedezcan a los tribunales), sobre todo entre los convergentes no sentó bien la propuesta de los diputados cuperos, a los que piden gesticular menos. «Estamos en la dinámica de los hechos y no de las declaraciones», dijo ayer el diputado de JxSí Lluís Llach. Pero es precisamente de esos hechos de los que no se fían en las filas de la CUP, que critican la lentitud con que el Govern está desplegando algunos puntos de la Declaración del 9N, así como las dudas a la hora de desobedecer efectivamente al TC. Un ejemplo evidente: después de ser anulada por el Constitucional, la conselleria de Exteriores encabezada por Raül Romeva modificó su nombre para esquivar el veto del tribunal, algo que contradice la letra de la Declaración y que alimenta aquella versión según la cual el texto del 9N fue aprobado solo para buscar el apoyo de la CUP a la investidura frustrada de Mas.

Las dudas acerca de la hoja de ruta que preveía declarar la independencia tras 18 meses de legislatura están más que justificadas, después de que el propio Mas asegurase recientemente en Catalunya Ràdio que «si alguien piensa que en 18 meses ya habremos proclamado la independencia le estamos poniendo al Govern un deber que no podrá cumplir». Es compartido por todo el independentismo que los 18 meses no se pueden convertir en un fetiche inamovible, pero la renuncia explícita a la hoja de ruta que el propio Mas defendió como presidenciable en la campaña del 27S encendió más de una alarma.

De esta forma, lastrados por un resultado electoral insuficiente (el resultado del 27S fue espectacular para el independentismo, pero no llegó al ansiado 50% de los votos), con la confianza hecha añicos después de los tres meses de tortuosas negociaciones que siguieron a las elecciones y con un acuerdo de legislatura que cada uno interpreta como quiere, los choques entre la estrategia de unos y otros son irremediables. La CUP insiste en una desobediencia inmediata y global como vía para alimentar el choque con el Estado y avanzar hacia la independencia, mientras que JxSí prefiere buscar atajos para trampear los vetos del TC y posponer todo lo posible el choque institucional. La CUP apuesta por la ruptura inmediata con la legalidad española, mientras JxSí prefiere contemporizar a la espera de tener listas las estructuras de Estado que hagan viable la ruptura. Un planteamiento al que la CUP no se opone de entrada, pero bajo el cual teme caer en dilaciones injustificadas.

Leyes de desconexión

Fruto de ese equilibrio necesario pero a veces imposible es la tramitación parlamentaria de las tres leyes de desconexión (la de transitoriedad jurídica, la de seguridad social catalana y la de Hacienda propia). Como las tres normas formaban parte de la Declaración del 9N anulada por el TC, JxSí y la CUP acordaron cambiar el nombre a las leyes (ahora son de régimen jurídico catalán, de protección social y de administración tributaria) y tramitarlas a través de ponencias conjuntas en el Parlament, en vez de como proposiciones de Ley del Govern. Todo para esquivar el veto inmediato del TC y evitar la confrontación con las normas ni siquiera tramitadas.

Otro de los elementos que provoca fricciones y que, según la CUP, contradice la Declaración del 9N son los recursos que el Govern interpone ante el propio TC, tanto contra la anulación de la misma Declaración como contra la comisión de estudio del proceso constituyente.

Aunque es pronto para anticipar el desenlace incierto de una legislatura que ya arrancó de forma accidentada, el primer trimestre ha mostrado que nada será sencillo entre JxSí y la CUP. Más aún viendo que los desacuerdos se dan también en el debate nacional, más propicio para el trabajo conjunto que el terreno económico y social, donde las diferencias son abismales. Porque todavía está por llegar el plato fuerte del curso político, que son los presupuestos, a los que JxSí vinculará previsiblemente alguno de los puntos incluidos en el anexo social de la Declaración del 9N. El debate, de nuevo, está servido, pero de ello hablaremos mañana.