La Audiencia Nacional ha suspendido la vista prevista para mañana, en la que iba a tratar el recurso planteado por Sare para reclamar la devolución de 104.00 euros requisados por la Guardia Civil tras la manifestación solidaria de enero de 2015. El tribunal de excepción ha pospuesto la vista hasta que decida si acepta o no la recusación de Concepción Espejel y Enrique López, dos de los magistrados que componen el tribunal, afines al PP.

«Están siendo apartados de otras causas y curiosamente la Audiencia Nacional nos los asigna a nosotros como una especie de broma de mal gusto, por ser benévolos con el comentario, a sabiendas de que esa afinidad ideológica con el PP les invalidad para dirimir cualquier causa que tenga relación con actuaciones de ese partido. Y sin duda, la requisa contra lo recaudado por Sare tiene relación directa con el partido que ordenó y justificó aquella operación», han denunciado Joseba Azkarraga y Ainhoa Azkarete, que han advertido de que «si esa recusación no se admite, la sentencia está dictada».

En este sentido, los portavoces de Sare han señalado que «si se empeñan en mantener a estos dos jueces tendremos que seguir hablando de una justicia parcial, injusta y politizada».

Recurso de Urquijo

Asimismo, han criticado la actuación del delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, que ha presentado un recurso contra la ayuda concedida por el Ayuntamiento de Gasteiz a Sare para la celebración de unas jornadas sobre paz y convivencia en la capital alavesa. «¿Ustedes creen normal que unas mesas redondas con la participación, entre otras personas, de Sara Buesa, Rosa Rodero, Martín Pallín y el lehendakari Juan José Ibarretxe puedan considerarse atentatorias contra la dignidad de las víctimas? Pues el delegado cree que sí», han destacado antes de hacer hincapié en la necesidad de acabar «con tantos tics del pasado que están impidiendo avanzar hacia escenarios de convivencia».

Antes de finalizar la rueda de prensa, Azkarraga y Azkarate han alertado de que el Estado español actúa contra Sare, una organización legal inscrita en el Registro de Asociaciones de Lakua y que trabaja por el fin de la vulneración de derechos de los presos y presas vascas y por avanzar hacia un escenario de verdadera paz y convivencia. «Se nos está causando daño. Se nos está impidiendo avanzar en nuestro trabajo. Bien requisando nuestro dinero o bien intentando que no trabajamos en los objetivos que nos hemos previsto», han concluido.