En su querella, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, acusó a Quim Torra de un presunto delito de «desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la autoridad superior», cometido por una autoridad o funcionario público.

Asimismo, señaló que el presidente «incumplió consciente, abierta y reiteradamente lo decidido por la JEC» en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo, en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat.

La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo Acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el «flagrante incumplimiento» de las órdenes, decidió ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos.

Además, la JEC envió documentación a la Fiscalía General del Estado con informes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional española y comunicaciones de la Delegación del Gobierno en los que se detallaban los edificios que mantuvieron los símbolos hasta el 21 de marzo.