Mientras pasan los meses, el conflicto va cobrando una especie de efecto avalancha de nieve. Cada vez pesa más la demora en renovar las autoridades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La disputa sube de tono ante la falta de acuerdo de los dos partidos estatales más grandes que, paradójicamente, tienen en frente la novedad histórica de una mayoría progresista y plurinacional que se ha consolidado, como se vio en la votación de los presupuestos generales.

El PP se mantiene aún lejano a anunciar un acuerdo con el PSOE para la renovación de los 20 vocales que integran el CGPJ, que hace una semana han cumplido el aniversario poco feliz de llevar dos años en funciones con mandato vencido a falta de acuerdo en el bipartidismo, algo necesario ya que la ley exige un consenso de tres quintos del total de los diputados de las Cortes Generales.

En este contexto, y ante el éxito que tuvo la mayoría de la investidura en las votaciones para los presupuestos, el vicepresidente segundo viene trabajando en paralelo para alcanzar otro acuerdo que rompa con el bipartidismo y que incluya especialmente al soberanismo vasco y catalán. Como hizo con los PGE, Iglesias anhela que las votaciones en asuntos centrales cristalicen en forma de mayoría progresista y no de guiño a la derecha.

Fuentes próximas al líder de Podemos confirmaron a NAIZ que su objetivo es que no prospere una negociación bipartidista y alcanzar una reforma de la ley que elige las autoridades del CGPJ con una normativa que facilite el acuerdo con otras fuerzas más pequeñas para que no vuelva a suceder un bloqueo de dos años como el actual.

«La idea es que el PSOE se vea obligado a reformar el reglamento y avanzar en algo que ya han propuesto otros partidos también, que es que se mantengan los tres quintos necesarios como primera opción, para que nadie se asuste y no critiquen que se busca evitar grandes consensos, pero añadir que en una segunda votación se permita renovar con mayoría absoluta, aunque con requisitos más duros, por ejemplo que haya un mínimo de grupos parlamentarios involucrados, por ejemplo el 50% de las formaciones con representación», explican desde vicepresidencia.

Quienes están abocados en este asunto en el partido morado son Iglesias y el portavoz del grupo, Pablo Echenique. La idea tiene como trasfondo, además de consolidar la mayoría de investidura, hacer «sentir un poco responsable de la gestión del Estado a los soberanistas, para que también lo sientan un poco suyo y no como otra cosa que se decide siempre desde Madrid. Que se sientan parte con política y no sólo con cárcel o agravios», remarcan desde la cúpula de UP.

La idea es que además de reformar el proceso de votación de los vocales en el Congreso, los grupos en la medida de su representación también puedan aportar nombres en la veintena de vocales. «Sería bueno que puedan elegir jueces también los partidos que están dando pasos de compromisos con el gobierno», señalan. Si se observa la aritmética parlamentaria de la votación de los presupuestos, habría 28 nacionalistas (17 catalanes de ERC y PdeCAT y 11 vascos de PNV y EH Bildu), lo que cerca de un 15% de los votos que hacen falta para alcanzar la mayoría absoluta. Si se hace un paralelismo con los 20 vocales, podrían corresponder 3 para los soberanistas.

Sin embargo, en Unidas Podemos matizan que en el acuerdo de investidura ellos prometieron mantener lealtad «en temas de Estado» y que además el Ministerio de Justicia está a cargo de un miembro del PSOE, el sevillano Juan Carlos Campos. Por lo cual no bloquearán un acuerdo con el PP pero presionarán para alcanzar un pacto alternativo. «Podemos no hará de esto una crisis de gobierno», afirman.

El PP se atrinchera en los indultos

Mientras tanto, desde el PP estos días han renovado su postura exigente e incluso este miércoles la portavoz Cuca Gamarra ha desmentido a su colega, la portavoz socialista Adriana Lastra, que había asegurado que ya existía un principio de acuerdo.

Gamarra y el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, han vuelto a decir que hay tres condiciones necesarias para pactar: retirar la reforma que plantean PSOE y UP, que Podemos no forme parte de las conversaciones para negociar la renovación del CGPJ y que se garantice la independencia del Poder Judicial. Además, ahora han sumado que Moncloa prometa que no habrá indultos para los soberanistas catalanes presos.

Echenique ya ha respondido que es inconcebible un acuerdo sin uno de los partidos de la coalición. Lo de los indultos también suena a imposible de cumplir: algunos diputados fuera de micrófono ya admiten a la prensa que la decisión de indultar a los soberanistas catalanes ya está tomada pero sería después de las autonómicas de Catalunya en febrero.

Fuentes de Génova señalaron a NAIZ que lo dicho por Gamarra es así y no cambia por lo bajo. «No habrá acuerdo sin esas tres condiciones, no hay más novedad que esa misma insistencia», aseveraron.

Mientras tanto, el tiempo pasa y desde el CGPJ se quejan que el recorte de funciones que plantea Moncloa a los vocales con mandato vencido podría ser llevado al Tribunal Constitucional.