En Iruñea, la denuncia ha tenido un componente de recuerdo hacia los trabajadores fallecidos en accidente laboral y ha consistido en una marcha que ha unido la sede del Parlamento de Nafarroa con la del Gobierno navarro.

Los asistentes han formado tres filas portando claveles y siguiendo la estela de un ataúd de cartón que era portado por cuatro mujeres y que iba abriendo la marcha. Al final de la misma figuraba una pancarta en la que se podía leer ‘Prekarietatea hiltzailea’, mientras que en otros carteles que llevaban los participantes aparecía el lema ‘Gure osasunaren defentsa’.

Tras recorrer el paseo de Sarasate, han accedido a la avenida de Carlos III para situarse ante la entrada del Palacio de Diputación. Delante de ella han colocado el ataúd, en el que los asistentes han ido depositando sus claveles.

Con esta protesta, las centrales convocantes querían denunciar «la grave situación» de la siniestralidad laboral, ya que a las al menos 66 muertes en accidente registradas en Hego Euskal Herria en 2020 (con Joaquín Beltrán todavía desaparecido en el vertedero de Zaldibar), habría que sumar las 28 producidas por enfermedades profesionales y el amianto, y las generadas por el covid, de las que no se conoce una cifra.

Andoni Larralde, de ELA, ha denunciado que «estas muertes se podían haber evitado tomando medida efectivas, pero la realidad es la contraria. 25 años después de la aprobación de la Ley de Prevención, las empresas acumulan cada año más de un millón de euros en sanciones por su incumplimiento y el 40% de los accidentes se producen por falta de medidas de seguridad».

Una situación «muy grave» de la que ha responsabilizado a la patronal, que «se aprovecha de las reformas laborales para deteriorar las condiciones de trabajo, que solo piensa en el beneficio y está cómoda porque no se toman medidas desde los gobiernos que vayan en contra de los intereses empresariales».

Para que el Gobierno de Nafarroa se implique en esta cuestión, las centrales han pedido una reunión con la consejera de Salud, Santos Indurain, y el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, a los que trasladarán sus reivindicaciones y «les diremos que el diálogo social en salud laboral se ha mostrado ineficaz y clientelar».

En este sentido, Izaskun Juarez, de LAB, ha desgranado las cuatro medidas que plantean al Ejecutivo y que pasan por «hacer un control real de la salud laboral y de la precariedad en las empresas, que las mutuas se publifiquen y que en los concursos públicos no puedan participar las empresas que tengan sanciones en el tema de prevención».

Además, se solicita «la elaboración de evaluaciones de riesgo psicosocial en todas la empresas teniendo en cuenta que la pandemia ha venido a agravar aún más las condiciones psicosociales de las personas trabajadoras. Para ello, en el plazo de dos años todas la empresas deberán contar al menos con una evaluación de riesgos psicosociales e implantar medidas en caso de deficiencias y será el personal de la Administración quien haga seguimiento del cumplimiento».

En este sentido, demandan tanto al Gobierno de Lakua como al de Nafarroa que se incrementen las plantillas de inspección de Osalan y del Instituto Navarro de Salud Pública en al menos 150 técnicos entre ambos organismos para así «acercarnos a la media europea».

Protesta en Bilbo

La movilización realizada en Iruñea no ha sido la única celebrada en Euskal Herria por los sindicatos para denunciar la siniestralidad laboral. En Bilbo, ha tenido lugar un acto convocado por ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, en el que se ha recordado que «en Europa, Hego Euskal Herria es el país con más fallecidos por coronavirus, después de Bélgica. En el 2020 han fallecido por covid-19 4.007 personas, 3.036 en la CAV y 971 en Navarra. Del número total de fallecidos por covid, 1.430 muertes han ocurrido en residencias».

Unos datos que, en su opinión, reflejan que las estrategias mantenidas por los gobiernos de Lakua y Nafarroa contra la precariedad laboral y el covid-19 «no están funcionando. La dotación presupuestaria destinada a las políticas en materia de prevención de riesgos laborales y a la seguridad en el trabajo es prácticamente cero y refleja que esta materia no es prioritaria en la agenda política».

Sin embargo, los accidentes laborales y los contagios «han aumentado y se sigue jugando con  la salud y la vida de la gente,  tanto en la calle como en los centros de trabajo. Hay que cambiar de rumbo y anteponer la salud y la vida a todo lo demás».