Cada vez más a menudo se descubren casos de explotación laboral que no respetan ni la libertad ni la dignidad de las personas. Puede que la razón sea que es una práctica que va en aumento amparándose en un marco legal excesivamente permisivo y en la condescendencia de la Administración que no se aplica en perseguir este tipo de desmanes.

O puede que estos descubrimientos tengan que ver con un aumento de la vigilancia y las denuncias que provienen básicamente de los sindicatos. En cualquier caso es una práctica gravísima que debe ser erradicada de nuestra sociedad.

En todo este asunto hay dos aspectos que llaman la atención. En primer lugar, que la aplastante mayoría de personas que terminan en estas intolerables situaciones de abuso son extranjeros que carecen de papeles, lo que les impide defender de manera efectiva los derechos que les asisten como trabajadoras y trabajadores.

Y eso es consecuencia directa de unas leyes de extranjería que dejan en la más absoluta indefensión a las personas migrantes, circunstancia que es aprovechada por esos modernos traficantes de esclavos cuyos tentáculos empiezan en los países de origen, se extienden por las fronteras y terminan en el polígono industrial del pueblo o en el hotel del centro.

Y en segundo lugar, la ausencia de censura. Cuando se ha descubierto a alguno de estos traficantes ha sido tratado como un ciudadano de bien, al que ni se detiene ni se le exige una fianza millonaria, y cuando se le juzga se le impone una pena irrisoria. Un trato similar han recibido de las asociaciones empresariales. Ni la más mínima mención. Como si no fueran «empresarios».

Tal vez dé la casualidad de que ninguno de ellos sea socios de ninguna asociación empresarial, algo que resulta altamente improbable. Un silencio cómplice que contrasta con el lenguaje bélico que suelen usar contra cualquier movilización obrera. Si esas asociaciones de empresarios de verdad repudian estas prácticas inhumanas deberían dejarlo claro de manera mucho más contundente.