El Observatorio de la Precariedad, creado a finales de 2020 por la Mancomunidad Vasca, y encomendado, de partida al Centro Intercomunal de Acción Social (CIAS), se ha centrado en hacer un primer diagnóstico, apoyado en el conocimiento de los organismos que trabajan día a día con personas en situación de precariedad habitacional. Entre ellos se encuentran Atherbea, SOLIHA, Habitat et Humanisme y Habitat Sud Atlantic.

«Es esencial conocer mejor las situaciones de precariedad para tratar de combatirlas mejor y al tiempo arrojar luz en el debate público», expresa Jean-René Etchegaray en el escrito de presentación de esa primera publicación, disponible en euskara y francés en la página web de la institución vasca.

La idea es que cada año se renueve la misión de ese observatorio, a fin de evaluar los distintos vectores de la precariedad social en un territorio en el que un 11,9% de los hogares –esto es, unas 17.400 unidades familiares– vive bajo el umbral de la pobreza, según las cifras que expone el propio presidente de la Mancomunidad Vasca.

En la escala de la precariedad la dificultad de contar con una vivienda digna o un alojamiento provisional para dejar atrás las situaciones más extremas se sitúa en posiciones de cabeza, dado que en Ipar Euskal Euskal Herria la tensión inmobiliaria ha pasado de ser un problema acotado a la costa labortana a extenderse a la práctica totalidad del territorio.

250 personas viviendo en la calle

La primera cifra, que emana de la plataforma de orientación para los sectores precarios a la búsqueda de una vivienda, deja constancia de que 1.361 personas precisaban en de una solución habitacional.

Un tercio de esas demandas correspondían a familias con menores a su cargo.

Las cifras, esta vez basadas en la labor de la asociación Atherbea, reflejan además que 250 personas se veían abocadas a vivir en la calle «en la costa vasca» y constataban los límites de los dispositivos existentes toda vez que las personas que soportan la precariedad habitacional más extrema deben esperar durante meses para obtener una plaza en un centro de acogida y de reinserción social.

Realidades diversas, respuestas adaptadas

La precariedad habitacional afecta a personas con realidades diversas y que precisan, por tanto, de respuestas adaptadas.

Bajo un mismo epígrafe se sitúa ya a personas que viven en la calle, y que las más de ellas veces arrastran cuadros socio-sanitarios complejos, a a personas que o bien no disponen de una vivienda en condiciones de salubridad o bien atraviesan una situación de temporalidad habitacional o directamente están en riesgo de verse expulsadas de su vivienda.

Ello sin contar a las personas demandantes de asilo, cuya problemática no se aborda expresamente en el informe, pero que afrontan la crisis de alojamientos de acogida.

De hecho, frente a las 96 plazas existentes en el Centro de Acogida de Demandantes de Asilo (CADA) de Baiona, son 130-150 las personas a las que se alberga cada año para estancias medias de hasta 14 meses, dada la dificultad de encontrar viviendas alternativas por los altos precios de los alquileres en la capital labortana.

El caso de Sandrine

El acceso a viviendas sociales o HLM se ha convertido en otro calvario, como el recorrido por Sandrine. Esta mujer llegó en 2017 a Euskal Herria e hizo su demanda de vivienda social pero no logró acceder a un piso de una habitación en Angelu hasta tres años después.

Entre medio pasó por situaciones de enorme fragilidad, ligadas a la dificultad de mantener un empleo estable por motivos de edad y más tarde al final de la prestación del desempleo, circunstancias que le abocaron a perder su vivienda en cohabitación y a figurar oficialmente como «domiciliada» en el Centro de Acción de Baiona al no contar con una dirección propia.

Su historia se incluye en el informe como ejemplo de hasta qué punto la crisis habitacional puede hacer bascular la vida de ciudadanos a los que, a priori, no se identifica con los perfiles de personas que sufren de pobreza.

1.018 domiciliados en un Centro de Acción Social

El de Sandrine no es un caso excepcional. A finales de 2020 hasta 1.018 personas figuraban en Ipar Euskal Herria como «domiciliadas» en un Centro de Acción Social, a fin de poder recibir allí su correo a falta de contar con un lugar de residencia habitual.

Pantxika Ibarboure, directora general de Atherbea distingue entre dos entradas diferentes en los servicios de urgencia habitacional.

A través del 115 llegan una parte de las personas en situación de precariedad máxima, por lo general hombres solos y en general sin hogar. Vía Servicio Integral de Acogida y Orientación (SIAO) entran personas que precisan de acompañamiento no ya para resolver solo una acogida con urgencia sino para hacer la transición hacia una solución habitacional estable.

En este segundo grupo aparecen, cada vez con más frecuencia, «mujeres que han sufrido violencia, pero también personas en riesgo de perder su vivienda, que tienen problemas de salud, y se constata un aumento de jóvenes y, a imagen de la sociedad, también de personas de edad avanzada», explica Ibarbouree en dicho informe.

Por lo que se refiere a las personas sin hogar, Atherbea intervino en 2020 en el sector de Biarritz-Baiona-Angelu ante 199 personas. La misión de observación que se estableció en Hendaia durante tres meses, a raíz de «episodios de crispación entre residentes y personas en situación de marginalidad», permitió intervenir ante 50 personas más. Este año la asociación ha podido dotarse, con ayuda estatal, de un equipo móvil y quince plazas de albergue suplementarias de albergue de urgencia en la localidad del Bidasoa.

Mientras, por los cuatro puntos de acogida de día existentes en Hendaia, Baiona, Biarritz y Donibane Lohizune pasaron en 2019 un total de 45.000 personas para comer, asearse o descansar. De migrantes a trabajadores precarios, el público que acude a los PAJ va cambiando igualmente en función de las evoluciones de la situación económica o de los progresivos obstáculos al tránsito desde la muga.

Las lagunas a resolver sin demora

La oferta de albergue o vivienda temporal en Ipar Euskal Herria, confirma el informe del Observatorio de la Precariedad, está excesivamente concentrada en la zona del BAB y, en todo caso, las soluciones existentes «con muy insuficientes a la hora de responder a todas las demandas».

El informe constata que los plazos incluso para obtener una plaza de albergue de urgencia se dilatan de 8 a 10 semanas y de 6 a 12 meses para encontrar una habitación de un servicio de albergue colectivo.

Ipar Euskal Herria cuenta con 18.500 viviendas HLM, pero son 11.600 los hogares que esperan que se desocupe una de esas viviendas ofertadas a personas con recursos económicos modestos.

La tensión inmobiliaria existente en el norte del país hace el periodo de espera para acceder incluso al parque social de vivienda sea muy superior a la media estatal francesa.

La espera media en territorio vasco para acceder a una vivienda social es de 21 meses frente a los 14 a escala hexagonal.

Dar respuesta a esa situacion candente será una de los retos del Programa Local de Vivienda adoptado por la Mancomunidad Vasca a la escala de los 158 municipios que integran la institución.

Tras la movilización que congregó el 20 de noviembre de 2021 a 8.000 personas en las calles de Baiona, la plataforma Vivre et se Loger au Pays /Herrian Bizi celebrará su primera asamblea general, seguida de un foro para tratar de la crisis de la vivienda, el próximo 4 de junio en Hiriburu.