El sector agroindustrial se distribuye en torno a enclaves productivos, situándose el más importante de Euskal Herria en el sur y el oeste de Nafarroa. Allí trabajan como peones más un millar de personas, la mayoría de origen magrebí. Berta García, del sindicato LAB, estima que el 90% de los trabajadores puede tener esta procedencia. A ellos hay que sumar un número indeterminado «cuadrillas» afincadas en Nafarroa que se movilizan para trabajos de temporada entre los que se encuentran, en ocasiones, personas en situación irregular. Y además de estos dos grupos, aparece un tercero para recogidas concretas, como el espárrago o la vendimia, con peones venidos desde otros territorios del Estado.

La supervisión que se realiza sobre estos trabajadores es escasa y la oposición por parte de la patronal a las inspecciones, feroz. Basta recordar las declaraciones del presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Nafarroa (UAGN) para exigir la retirada de los inspectores de trabajo tras expedientes sancionadores. «No sé en qué fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra de que esta vez no vamos a ser pacíficos», aseguró Félix Bariáin. Posteriormente, tuvo que «matizar» su amenaza.

Trabajadores esenciales 

El sector agroindustrial no es que resulte estratégico. Es más que eso. Así se reconoció durante en pandemia, dotando a trabajadores agrícolas del estatus de «trabajadores esenciales», que les permitió acudir al trabajo en varios países europeos mientras el resto de la población estaba confinada.

Según Yoan Molinero, investigador del Instituto de Estudios de Migraciones de la Universidad de Comillas, este reconocimiento de la esencialidad de los trabajadores del campo debiera de haber llevado aparejado una visibilización y mejora de sus condiciones laborales. No ha sido así. Su explotación es la norma en Europa.

En cada país la explotación toma un rostro diferente. En Italia, se ha impuesto el régimen del «caporalato».

Molinero indica que existen particularidades dependiendo del país, pero que la precariedad es generalizada. A Suecia llegan tailandeses que se endeudan para viajar a la recogida de fruta por unos salarios impensables en su país. En Italia se ha instaurado el «caporalato», donde los intermediarios actúan como mafiosos y se quedan con parte del jornal de los norteafricanos. En Grecia la mano de obra viene de la empobrecida Albania y el nivel de empleo irregular ha llegado al punto de que el país baraja una regulación masiva de 30.000 personas para estabilizar este sector económico.

Abusos a la vista de todos

Uno de los sistemas más brutales, sin embargo, es el que se ha establecido en el estado español, cuyo máximo exponente se encuentra en torno al enclave «infame» del  Mar de Plástico de Almería.

«La gente, en general, no se quiere preocupar demasiado por quien produce sus alimentos», sentencia Molinero. «Hace poco que se ha despertado la concienciación a través de medios generalistas de las lamentables condiciones de los temporeros», subraya el investigador.

Molinero destaca en un artículo reciente en ‘The Conversation’ la sociedad alemana –destino de buena parte de la producción hortofrutícola andaluza– quedó impactada por los asentamientos chabolistas en los que malviven los temporeros del Mar de Plástico para ser explotados por los dueños de los invernaderos. Un nivel de opresión que incluye episodios de chantaje y violaciones a temporeras magrebíes para poder trabajar, como las que afloraron en 2018.

Los trabajadores constituyen el eslabón más débil en una estructura forzada a producir alimentos, en muchas ocasiones, por debajo de su coste real. «El precio final del producto viene fijados generalmente por las grandes cadenas de distribución», explica Molinero. Para conseguir ganancias con ese margen, el empresario tiende a aprovecharse de la necesidad económica y el desconocimiento del marco legal (o hasta idiomático) de sus peones migrantes.

Industrialización progresiva

Según Eurostat, el 94,8% de las explotaciones agroindustriales son de propiedad familiar. Pese a ello, solo controlan el 17,6% de la propiedad cultivada. El resto de la tierra (82,6%) la explotan grandes compañías o cooperativas. La tendencia, según expresa Molinero, es que estas grandes entidades absorban las empresas familiares. Entre 2015 y 2020 han desaparecido 1,4 millones de explotaciones familiares.

Las cuatro quintas partes del terreno cultivado está en manos de grandes empresas o cooperativas. La explotación familiar desaparece.

A consecuencia de esta industrialización del sector, la producción de alimentos en Europa está pasando de estar en manos de agricultores que trabajan sus propias tierras a depender de mano de obra asalariada.

Con todo, desde la perspectiva de los trabajadores, esta transformación no se está revelando como una amenaza.

«De primeras, parece que en una explotación pequeña, donde el empleador mantiene una relación de cercanía con sus trabajadores, va a comportarse con más ética que una multinacional. Sin embargo, nuestra experiencia sobre el terreno lo que nos demuestra e que esto no sucede así», apunta Juan Castillo Rojas-Marcos, compañero de Molinero en el Instituto de Estudios sobre Migraciones (ambos trabajan, además, para el programa SafeHabitus de Intermon Oxfam, que prevé emitir un informe completo sobre esta problemática en abril).

«Nos han relatados casos donde el patrón les decía: ‘Mira, el paro lo estás cobrando porque has trabajado para mí, por lo que tienes que seguir trabajando’», completa Molinero. De esta forma, las engañan para trabajar para ellos cobrando el subsidio en lugar del salario.

Las explotaciones pequeñas, pese a la cercanía con los peones, las condiciones laborales son incluso peores por la falta de control.

Tras matizar que ellos no defienden la concentración de las explotaciones agroindustriales, los investigadores sostienen que en muchas pequeñas explotaciones faltan ojos y mecanismos de supervisión que garanticen que esos trabajadores están cobrando según lo que marca el convenio y, en caso de ser un grupo de temporeros trasladado para un pico productivo, que el lugar en el que se alojan cumpla unos requisitos mínimos y que no se les ofrezca a un peso abusivo.

Temporeros vulnerables

Son estos trabajadores que se desplazan para recoger frutos u hortalizas de temporada los más vulnerables y, precisamente, los más característicos del sistema que se ha establecido en el Estado.

«Uno de los rasgos de la agroindustria en española es que se organiza en torno a enclaves productivos y que los trabajadores se trasladan de un punto a otro. La mano de obra senegalesa o maliense que se emplea en Murcia es la misma que en Huelva», comenta Castillo. En otras épocas del año les ve en La Rioja vendimiando, en Jaén con la aceituna...

La parte más importante de este colectivo no genera apenas registros, pues se trata de peones de la Europa del Este que no necesitan tramitar permisos de trabajo o residencia. El segundo gran grupo lo constituyen los marroquíes, que es la primera comunidad de migrantes extracomunitarios del Estado, y que constituyen la principal mano de obra en la agroindustria navarra.

Los jornaleros que rotan por los enclaves agroindustriales del estado son el elemento característico de la agroindustria española. 

Según Castillo, esta población que rota entre enclaves «cumple un rol estructural» dentro del sistema agroindustrial del Estado (que, junto con Italia, son responsables del 45% de la producción de hortalizas y frutas de la UE).

«Es mano de obra flexible, que acude en el momento preciso de los picos de actividad. Permite al empresario tener su plantilla habitual y, de pronto, disponer de 30 trabajadores más. Y, si hace falta, sin contrato», prosigue el investigador.

La situación de precariedad de este grupo flotante de población es extrema. No saben dónde o para quién estarán trabajando la semana próxima. Y no solo están a merced de empleadores con pocos escrúpulos, sino que también las instituciones le dejan de lado.

Los ayuntamientos les dan de lado

«Sabemos que los ayuntamientos ponen un montón de trabas a estas personas para empadronarse en el municipio, aunque sea un lugar al que vayan cada año y permanezcan meses. Disponer del empadronamiento les permitiría reclamar derechos, acceso a los servicios sociales, y estar asistidos por la administración», denuncia Castillo, recordando que la ley reconoce el derecho a empadronarse en un determinado lugar «incluso para aquellos que están en la calle en situación de sinhogarismo».

Los ayuntamientos bloquean el acceso a servicios de los jornaleros migrantes, dificultando su acceso a servicios básicos. 

A pesar de la falta de empatía de los ayuntamientos en los que se encuentran los enclaves agroindustriales, muchos de estos peones de origen migrante acaban asentándose en los lugares donde han encontrado un modo de subsistencia (bien porque la facilidad para trabajar sin papeles sea más fácil por ausencia de controles suficientes, bien porque se trata de empleos que, por su dureza, los trabajadores locales rechazan). Así, la llegada de migrantes jóvenes a localidades con agroindustria choca con el fenómeno de la despoblación que sufren estas zonas.

Dignificar al jornalero

La otra gran peculiaridad que permite a la agroindustria europea producir alimentos por debajo de sus costes éticos es el proteccionismo y las subvenciones, la PAC, una política que lleva funcionado desde 1962 y que permite a la UE ser autosuficiente en cuanto a la alimentación.

«Los precios se empujan a la baja gracias a los subsidios de la PAC y los programas cualificacionales para determinados productos según la autonomía, pero pretender que únicamente se debe a esto es obviar cómo se exprime a todo u grupo de trabajadores con empleos muy duros y salarios muy bajos, que muchas ocasiones no llegan al SMI», comenta Molinero.

Tras el escándalo que supuso conocer la realidad de los grandes enclaves agroindustriales, el Parlamento Europeo propuso que la PAC incluyera una «cláusula de condicionalidad social, por la cual no se financiará a productores que no respeten los derechos humanos de sus trabajadores», indica Molinero.

La PAC ha comenzado a exigir una «cláusula de condicionalidad social» para tratar de controlar los abusos laborales. 

Para estos investigadores, esta idea de vincular las ayudas al trato que se ofrece al trabajador constituye un enfoque correcto y que cuadra con el reconocimiento como trabajadores esenciales que se les dio durante la pandemia.

Los investigadores constatan que, pese a la progresiva industrialización del sector, los sindicatos han prestado, hasta la fecha, poca atención a este colectivo de trabajadores tan necesitado de supervisión y protección.

En este sentido, que en Nafarroa se haya logrado una mejora del convenio sectorial, con regulación de días de descanso (al menos, día y medio semanal), que prevé atacar el uso fraudulento de la figura de «peón recolector». El nuevo convenio, además, incluye un permiso anual no retribuido que permita visitar a la familia en el extranjero. Hay sindicatos que lo ven insuficiente, pero sin duda es un paso en la dirección correcta.