Este próximo 31 de diciembre caduca el Real Decreto Ley que estipula que una familia en régimen de alquiler no puede ser desahuciada de su vivienda si acredita una situación de vulnerabilidad por la cual no tenga otra alternativa habitacional. La norma, aprobada por el Gobierno español en 2020 –el primer año de la pandemia– fue prorrogada en 2023. En el caso de los deudores hipotecarios, esta medida está en vigor hasta mayo de 2028.

Stop Desahucios de Gipuzkoa se ha concentrado este miércoles en Donostia para exigir que se alargue al menos hasta el 31 de diciembre de 2025. Lo ha hecho ante la sede del Gobierno de Lakua, junto a Alderdi Eder, para recordar que el parque de viviendas de alquiler social sufre «un déficit crónico», con 27.720 pisos para 78.475 demandantes.

En la protesta han estado algunas de las 183 familias vulnerables de Donostia, Irun y Errenteria –tres de los municipios que se han declarado tensionados– sobre las que pesan demandas de desahucio por impago de rentas o finalización de sus contratos.

Rosa García, portavoz de la plataforma, ha recordado que si un arrendador acredita a su vez una situación de vulnerabilidad ante un juez y este certifica que necesita percibir las rentas, el Gobierno de Lakua se las abona pero no con el precio de mercado, sino con el que marca la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL).

Otros factores

Junto al déficit en la oferta pública, García ha resaltado factores como «el insoportable aumento de los precios del alquiler, que superan los de la burbuja inmobiliaria»; «la tardanza inexplicable del Gobierno Vasco y las Haciendas Forales en declarar definitivamente tensionados» los municipios que lo han solicitado «para que puedan topar los alquileres», entre otras medias; o «la ausencia de regulación que frene la campaña para desviar los contratos reglados de cinco años a contratos temporales o a pisos turísticos».

En cuanto a los ayuntamientos, ha pedido que se aplique un canon a las viviendas vacías y una moratoria en la concesión de licencias a las viviendas turísticas.

La portavoz de Stop Desahucios ha incidido en «la especulación inmobiliaria repercute negativamente en la economía, ya que el dinero que se destina a la vivienda se retrae del consumo y hay gente que no puede trabajar en determinadas localidades porque no encuentra un lugar en el que vivir».