La Universidad de Harvard ha demandado al Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, con el fin de recuperar sus fondos federales que la Administración congeló la semana pasada por incurrir presuntamente en conductas antisemitas.

En el litigio, el centro educativo acusa a múltiples miembros del Gobierno de EEUU, entre ellos el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; y la secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon; de violar la primera enmienda de la Constitución al congelar su financiación federal.

Según la universidad, «el intento del Gobierno de coaccionar y controlar a Harvard» hace caso omiso de los principios fundamentales de la primera enmienda, «que salvaguardan la libertad académica», y además incumplen las leyes y los reglamentos federales.

«Graves consecuencias»

El presidente de Harvard, Alan Garber, ha asegurado en la página web del centro que «las consecuencias de la extralimitación del Gobierno serán graves y duraderas» e impactarán en investigaciones de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el alzheimer o el parkinson.

«Como judío y estadounidense, sé muy bien que existe una preocupación válida por el aumento del antisemitismo. Para abordarlo eficazmente se requiere comprensión, intención y vigilancia. Harvard se toma ese trabajo en serio», ha agregado Garber, que ha acusado al Gobierno de usar el antisemitismo para justificar «una acción ilegal».

La demanda supone una escalada de tensión entre el mandatario y la universidad, que rechazó el pasado 14 de abril una serie de requisitos del Gobierno para evitar el recorte de fondos, entre los que se encontraban poner fin a sus programas de diversidad y vigilar la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros.

Fondos congelados

Tras la respuesta de Harvard, el presidente congeló fondos por valor de 2.200 millones de dólares para la entidad y ha amenazado con eliminar la exención de impuestos de la que goza.

Además, el pasado viernes el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación de una ayuda de 2.700 millones y exigió un registro de «actividades ilegales y violentas» de estudiantes internacionales.

A esto se suma que el Gobierno planea recortar otros 1.000 millones de dólares a la institución que están destinados a la investigación de la salud, según informó este domingo ‘The Wall Street Journal’.

Harvard es una de las universidades –además de Columbia y Princeton, entre otras– que han visto amenazada su financiación por informes del denominado «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo» creado por Trump por aplicar políticas de discriminación positiva o por no dar cabida a lo que el gobierno de Trump califica de «diversidad de ideas».

En su caso, Columbia sí aceptó las demandas impuestas por el Gobierno para no perder 400 millones de dólares en financiación federal.

Unidad contra la «interferencia política»

De hecho, este martes los líderes de más de cien universidades e instituciones académicas de Estados Unidos han señalado en un carta conjunta su rechazo a la «extralimitación y la interferencia política» del Gobierno de Donald Trump.

«Estamos abiertos a una reforma constructiva y no nos ponemos a la supervisión legítima del Gobierno. Sin embargo, debemos oponernos a la inapropiada intromisión gubernamental en las vidas de aquellos que aprenden, viven y trabajan en nuestros campus», señala el comunicado conjunto que cuenta con la firma de los líderes de universidades como Yale, Princeton o Brown.

Asimismo, los máximos representantes de las instituciones académicas han destacado la «variedad» de la educación superior estadounidense y han resaltado que deben tener «la libertad esencial para determinar, con base académica, qué se enseña, cómo y quién lo imparte».

«Nuestras universidades comparten el compromiso de servir como centros de investigación», indica la carta, que añade que los profesores, alumnos y trabajadores «son libres de intercambiar ideas y opiniones desde una amplia cantidad de puntos de vista sin miedo a las represalias, la censura o las deportaciones».

Además, aseguran que estas instituciones de educación superior son «esenciales» para la prosperidad de Estados Unidos y sirven junto con los organismos gubernamentales para buscar el «bien común».

«El precio de limitar las libertades que definen la educación superior estadounidense lo pagarán nuestros estudiantes y nuestra sociedad. En nombre de nuestros estudiantes actuales y futuros, y de todos los que trabajan y se benefician de nuestras instituciones, exigimos un compromiso constructivo que mejore nuestras instituciones y sirva a nuestra república», concluye la carta.