Hace cuatro años, a raíz del castigo al «cartel de las consultoras», el entonces vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia Rafael Iturriaga Nieva (Bilbo, 1958) desnudó en el Parlamento las carencias de la Administración ante las prácticas irregulares entre las empresas que contrata. Sin negar la posible existencia de connivencia entre las firmas y los cargos gubernamentales, mantiene que para repartirse contratos públicos no necesitan corromper.

Afirmó que la colusión, acuerdo entre empresas, se puede dar de espaldas a la Administración o con su colaboración. Las firmas se conocen entre ellas y los poderes públicos están muy atados para la contratación. Mencionó a «distintos intervinientes» como «funcionarios de la parte que demanda un servicios, los funcionarios que participan en la contratación, políticos, asesores, lobbies...».

Criticó en aquella comparecencia ante la Cámara autonómica que «un problema concreto de contratación pública es el uso y abuso de los contratos menores». Iturriaga ha señalado que en ocasiones la colaboración entre la Administración y las empresas puede hacerse pensando que es correcta, por motivos de «seudoeficacia, como ‘le conozco’, ‘tengo confianza’, ‘me hace bien las cosas’, ‘tiene experiencia’. O seudosociales como ‘es una empresa local’, ‘una entidad sin ánimo de lucro’, afinidades de todo tipo, favores...».

En su opinión, los comportamientos abiertamente delictivos «no llegan al 20%». Y hay otros que se pueden dar por negligencias, como la «inobservancia» u otras más graves. Negligencias que, llegado el caso, pueden suponer «una responsabilidad contable e incluso responsabilidad penal».

La comparecencia del entonces vocal de la AVC se dio por una multa de la CNMC por prácticas irregulares a varias consultoras que también contratan con administraciones vascas Y hay que recordar que en julio de 2022 la CNMC multa con 203,6 millones a seis de las principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras

Ante el surgimiento de un nuevo escándalo sobre contrataciones con el «caso Koldo», este medio ha querido saber si Rafael Iturriaga, que ahora forma parte del Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mantiene aquellas opiniones y si su afirmación de que «la pulsión natural de las empresas no es la competencia sino la colusión (ponerse de acuerdo)» es igualmente aplicable a las constructoras como a las consultoras.

Iturriaga responde que «la pulsión por la colusión es aplicable a todo género de empresa. Consultoras, constructoras, fabricantes de electrodomésticos o intermediarias en el mercado de hidrocarburos. A todas y siempre. No por una especial maldad sino por la pura lógica económica. La cuestión es, por así decirlo, universal». Afirma que «ninguna empresa del mundo quiere competir. Lo que una empresa quiere es ganar dinero. Y la situación que maximiza el lucro es el monopolio. Ahora bien, si no se puede tener una situación de monopolio, las empresas se verán obligadas, muy a su pesar, a competir. Competir es la situación más incómoda y estresante para una empresa. Todos eso discursos de ‘nos encanta competir’ y demás son mera palabrería», asevera.

Iturriaga explica que «la situación más parecida al monopolio es el cártel. En efecto, haciendo trampas, las empresas consiguen la creación artificiosa de pequeños monopolios (u oligopolios). Entre bomberos procuran no pisarse la manguera. Si las empresas compiten es, más que nada, por la acción pública para forzar la competencia en beneficio de los consumidores. Y esta política tampoco ha sido siempre así», señala.

¿Ha cambiado su impresión de que «la mayoría de las administraciones no sabe lo que necesita ni lo que hay en el mercado», lo que da lugar a una situación de «enorme debilidad» y «tormenta perfecta que facilita la colusión»?

Desgraciadamente, no la he cambiado. Me importa mucho insistir en la idea de que ese ‘la mayoría de las administraciones’ son, evidentemente, las administraciones locales. Las administraciones locales son muchas (demasiadas, más de 8000 en España) y una gran parte de ellas muy pequeñas, verdaderamente ‘liliputienses’.

Estas administraciones tienen muchas competencias de papel, teóricas, porque no tienen los recursos adecuados para satisfacer esas competencias. Las administraciones locales compran bienes y servicios de todo tipo y lo hacen funcionarios, técnicos y concejales. Se supone que quieren unos resultados finales más o menos intuidos (pongamos, por caso, un servicio de recogida del aceite de cocina usado para su reciclaje). El problema es que convertir ese deseo en una realidad contractual, en unos pliegos de licitación útiles, es difícil. Hay que redactar requisitos estrictos, estimar el coste del contrato, etc. ¿Puede hacer eso un equipo de funcionarios de una, dos, tres personas que, al mismo tiempo, además de la contratación llevan presupuestos, contabilidad, recursos humanos, gobernanza, cultura….? La Ley de Contratos del Sector Público (esa enormidad inoperante) no parece haber pensado para nada en esta realidad de los ayuntamientos pequeños (que son la mayor parte de las administraciones).

Y dicho esto, ello no implica que las administraciones de mayor volumen de recursos lo hagan bien. Entre otras cosas porque los procedimientos excesivamente burocráticos priman el procedimiento de contratación (algo que los funcionarios saben hacer) por encima de la estrategia (política y técnica) relativa a lo que la administración necesita en cada momento. Es decir: ¿Qué se quiere ofrecer a los ciudadanos? ¿Se puede hacer con los recursos propios? ¿Qué empresas hay en el mercado que oferten esos bienes y servicios? ¿Hay sustitutivos más eficaces? ¿Cuál es el precio razonable de mercado para la licitación? Son una infinidad de cosas.

En esa tesitura… ¿Quién tiene la sartén por el mango?... ¿La Administración (esas personas) o los contratistas?

¿Ha mejorado su diagnóstico de que «la planificación de los contratos es un unicornio, la preparación es superficial, el proceso de contratación es normalmente rutinario y formalista, el control de legalidad es muy parcial y muy formal, y el control de eficiencia es inexistente»?

Yo no tengo duda alguna. Dado este sistema severamente imperfecto, el reparto de contratos no necesita la participación de agentes colaboradores dentro de la Administración (políticos y/o funcionarios, porque nadie creerá que las cosas que pasan, pasan directamente en los despachos de los altos cargos políticos sin la colaboración, el silencio o la desidia de muchos otros). Es más, cuando hay corrupción no suele haber colusión. El corruptor se lleva el contrato. Él, no sus competidores contratistas.

Qué medidas pueden tomarse para corregir toda esta situación?

Esa es la famosa pregunta del millón. Se pueden hacer muchas cosas y ninguna de ellas es per se la solución. Se pueden endurecer las normas (penales, administrativas, civiles de reclamación de daños…) de sanción a posteriori para contratistas, pero sin poner más y más trabas burocráticas que no hacen sino gripar el proceso de contratación sin resolver el problema de la corrupción, ni de la colusión.

A mi juicio, no debería haber ayuntamientos por debajo de un nivel demográfico mínimo para que pueda atenderse a la población como es debido. Hay ayuntamientos verdaderamente patéticos. Esto que digo ya sé que es imposible, pero es necesario. Yo no lo veré.

¿Hay mecanismos públicos suficientes?

¿Hablamos de ‘mecanismos’ (herramientas jurídico-administrativas) o de personas que sepan, puedan y quieran usarlas? Como decía, sin buenos recursos humanos (suficientes, con formación, con una carga de trabajo adecuada, con respeto y consideración dentro de la propia administración, etc.) tener más y más normas es inútil.

¿Sería viable prohibir la contratación pública a aquellas empresas a las que se les descubra usando métodos irregulares, o nos quedaríamos sin consultoras y constructoras a las que contratar?

Las dos cosas pueden acabar dándose. De hecho, ha ocurrido, por ejemplo, con el cártel de la electrificación ferroviaria.

Como desahogo final, Rafael Iturriaga afirma que «lo que me carga es el adanismo de muchas explicaciones que se dan. Me carga tanto ‘pureta’ que se indigna en una sociedad que prima y valora precisamente el pelotazo (modelo mascarillas) y me carga la hipocresía antipolítica (todos unos chorizos) y contra los funcionarios (todos vagos)».