La nulidad de parte del decreto de Lakua sobre el uso del euskara en instituciones locales de la CAV ha sido confirmada por el Tribunal Supremo español.

La nulidad ahora ratificada fue establecida en sentencia de 28 de septiembre de 2023 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), al estimar parcialmente un recurso de Vox contra el decreto 179/2019 del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Ejecutivo de Lakua anterior presidido por Iñigo Urkullu, elaborado en aras a garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con las Administraciones locales.

El Supremo ha estimado el recurso presentado por Lakua contra dicha sentencia del TSJPV únicamente en relación al artículo 12 del citado decreto, cuya nulidad se considera que no procede.

Este artículo que se mantiene indica que «las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público local de Euskadi planificarán y regularán, de acuerdo con su situación sociolingüística, la utilización del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades, de acuerdo con los criterios contemplados en los siguientes artículos».

Nulidad firme

Por contra, el Supremo ha señalado que, tras su sentencia, será firme la nulidad de varios artículos y en concreto, el que establecía que «cada entidad local o cualquier otra entidad que conforma el sector público local de Euskadi, atendiendo a las circunstancias sociolingüísticas de su ámbito territorial, determinará los criterios de uso de las lenguas en los procedimientos administrativos iniciados de oficio».

También anula los que instaban a los ayuntamientos a atender primero en euskara a cualquier ciudadano y continuar después en la lengua que este elija, y a usar el euskara en primer lugar en los mensajes verbales sin persona destinataria emitidos con dispositivos automáticos, servicios de información telefónica o altavoces.

Kontseilua: «Ataque a la sociedad vasca»

Para Kontseilua, la sentencia del Supremo «no solo es contraria a la normalización del euskara, sino también a la sociedad vasca y a sus instituciones» ya que el decreto anulado fue aprobado por una amplia mayoría en el Parlamento de Gasteiz y desarrollada por el Gobierno de Lakua, según señala en una nota.

Kontseilua ha recordado que lleva años denunciando intervenciones judiciales contra la normalización del euskara y subraya que es «evidente la ofensiva judicial y política que busca perpetuar la minoración del euskara», destacando que la sentencia del Supremo «ha asumido casi en su totalidad las premisas de Vox».

«Es importante recordar que el euskara y su comunidad de hablantes se encuentran en situación de emergencia lingüística, y existe un riesgo real de retroceso en el proceso de normalización», añade Kontseilua, recordando que el decreto anulado «establecía un suelo mínimo para recuperar la situación de minoración del euskara en la administración y para avanzar en su promoción». Por ello, lamenta que «una vez más, el poder judicial español ha impedido ese camino».

Kontseilua ha hecho un llamamiento a instituciones, autoridades, agentes políticos, sociales y a la ciudadanía para que «expresen con firmeza su rechazo ante esta ofensiva reaccionaria» y a que impulsen el proceso de normalización del euskara. «Ese es el camino para avanzar en justicia social y cohesión social», concluye.