
La Fiscalía tendrá que analizar si las declaraciones realizadas recientemente por el alcalde de Valtierra, Manuel Resa (UPN), constituyen un delito, después de que el Gobierno de Nafarroa se las haya remitido por considerar que «provocan e incitan al odio, a la discriminación y a la violencia».
Ha sido la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, quien ha anunciado dicha decisión del Ejecutivo foral, que se adopta en base a las valoraciones jurídicas realizadas por dicha institución, en las que se concluye que un buen número de afirmaciones realizadas por el primer edil podrían incurrir en un delito de odio en su modalidad de discurso de odio recogido en el artículo 510.1 del Código Penal.
Al mismo tiempo, la consejera ha recordado que recientemente el Consejo de Nafarroa emitió un informe relativo a las ayudas convocadas por el Ayuntamiento de Valtierra, en las que se imponía como requisito imprescindible llevar 20 años empadronado o empadronada, bien el padre o la madre, para acceder a unas ayudas a la natalidad de 3.000 euros.
En dicho informe, el órgano consultivo «dejaba meridianamente claro lo discriminatorio de las bases y sus dudas de que encajaran en el ordenamiento jurídico», ha explicado Alfaro.
A raíz de este informe y preguntado por diferentes medios de comunicación, el alcalde de Valtierra realizó unas declaraciones en las que «optó por atacar a menores con frases como ‘a degüello contra esta gente’ o ‘hay que blindar Valtierra’, en vez de explicar una medida con claros tintes supremacistas que excluye a la inmensa mayoría de las madres migrantes de dichas ayudas», ha sostenido la consejera.
«Como gobierno no tenemos duda alguna de que las manifestaciones de la máxima autoridad de dicho municipio provocan e incitan al odio, a la discriminación y a la violencia, además de atentar contra derechos fundamentales», ha afirmado Alfaro.
Por ello, el departamento que representa «ha tomado la iniciativa de derivar a la Fiscalía las declaraciones, esperando que la justicia valore la gravedad de la situación».
«El Gobierno de Navarra no va a tolerar que las campañas planificadas y organizadas de grupos supremacistas y ultraderechistas se infiltren en Navarra, porque hemos sido, somos y seremos tierra de acogida para las ya casi 140.000 personas de origen migrante que contribuyen al crecimiento de nuestra comunidad», ha concluido.

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