Casi un centenar de profesionales del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbo han hecho público este martes un manifiesto en el que expresan su «profunda preocupación» por el «grave deterioro» que, a su juicio, están sufriendo los servicios sociales municipales. Una situación que, denuncian, afecta tanto a la ciudadanía más vulnerable como a las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector.

Consideran imprescindible que el Consistorio «dé un giro político decidido» que sitúe la calidad de los servicios sociales, los derechos de las personas más vulnerables y el bienestar de quienes trabajan en el sector «en el centro de la agenda pública».

El colectivo señala que el origen de este deterioro de los servicios sociales se encuentra en un modelo de gobernanza «que no escucha la voz técnica de las y los profesionales, así como en una falta de coordinación efectiva con otras instituciones, lo que imposibilita dar respuesta a unas necesidades sociales en rápido crecimiento».

Quienes suscriben el documento aseguran que este departamento municipal sufre graves problemas organizativos que dificultan una intervención social eficaz. Denuncian que la gobernanza no escucha su experiencia y que decisiones recientes, como sustituir la subdirección por un perfil ajeno al trabajo social o crear figuras temporales, debilitan la calidad del servicio. Asimismo, señalan la falta de gestión de personal, la sobrecarga de trabajo y los riesgos psicosociales.

Exponen que en su intervención diaria, afrontan un aumento de casos de extrema vulnerabilidad por migración, desahucios y situaciones graves de desprotección de adultos y menores, sin refuerzo de equipos especializados. También alertan de la falta de formación para auxiliares, la ausencia de supervisión profesional, el exceso de burocracia y la dificultad para coordinarse por restricciones de protección de datos. La temporalidad del personal añade, según explican, inestabilidad y afecta a la calidad del servicio.

Incremento de situaciones de vulnerabilidad

Las y los trabajadores advierten de un aumento significativo de casos de extrema vulnerabilidad: personas migrantes sin recursos, familias desahuciadas, situaciones de desprotección de menores y adultos en aislamiento severo, así como dificultades formativas y estructurales que impiden prestar una atención adecuada.

Del mismo modo, denuncian que la falta de respuesta de servicios especializados forales, especialmente en materia de infancia, está obligando a los servicios sociales municipales a asumir casos de gravedad extrema, con demoras de hasta 12 meses en valoraciones esenciales.

Colapso en servicios esenciales

El manifiesto subraya el colapso del Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS), donde las esperas para citas pueden alcanzar los dos o tres meses, incluso para cubrir necesidades básicas. Recuerdan que, durante el último año, hubo largas colas de personas que no lograron ser atendidas y que incluso pasaron la noche a la intemperie.

La situación afecta también al albergue de Elexabarri, donde los retrasos pueden superar los cinco o seis meses debido al incremento de personas en situación de calle: de 700 empadronadas en esta situación se ha pasado a más de 2.000, según los datos recogidos por las y los profesionales.

La misma «desorganización» afecta a la gestión de Ayudas de Emergencia Social (AES) y al Servicio de Ayuda a Domicilio, donde el aumento de tasas y la falta de recursos ha provocado bajas de usuarios, reducción de horas y una atención «cada vez más precaria».

En ese escenario, exigen un proceso de reestructuración y redimensionamiento de los servicios sociales municipales. Entre sus propuestas destacan la revisión de cargas de trabajo y unificación de procedimientos, refuerzo inmediato de plantillas y mejora de la gestión de sustituciones, supresión de la figura de auxiliar volante y aumento de personal estructural, redimensionamiento del SMUS y el albergue para afrontar el aumento del sinhogarismo, creación de nuevos puestos para AES web, publificación del Servicio de Ayuda a Domicilio y del propio SMUS, así como la adecuación del presupuesto municipal a las necesidades sociales actuales.

Finalmente, emplazan al Gobierno municipal PNV-PSE, partidos políticos y agentes sociales a apoyar estas reivindicaciones y actuar «antes de que la situación sea irreversible». En ese sentido, han convocado, con el apoyo de varios colectivos sociales y sindicatos, una concentración para el jueves 18 de diciembre, a las 13.15, frente al Ayuntamiento. «Por unos servicios sociales dignos para Bilbao y por la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales, exigimos un cambio ya», concluye el manifiesto.