Sustrai ha presentado un recurso de alzada contra la autorización de la planta de biogás de Arroitz, que se suma al de 4.254 personas y asociaciones amparadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Este recurso de alzada se presenta ante el Gobierno navarro, que fue quien autorizó el proyecto, y es previo a la posibilidad de acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

«Expediente oculto»

Esta fundación ha destacado, en una nota, que el proyecto de planta de biogás de Arroitz «prácticamente se mantuvo oculto durante toda la tramitación del expediente» y ha denunciado que el Ayuntamiento, gobernado por el PSN, tenía conocimiento del mismo, pero que «en ningún momento informó de ello a la población», ni siquiera cuando se presentó a exposición pública por parte del Gobierno navarro. 

«De este modo, la población no pudo tomar conciencia de la magnitud del problema que esta planta podría traer para su entorno hasta casi el instante en que el proyecto ya estaba aprobado por el Gobierno», añade Sustrai. 

Junto a ello, esta fundación subraya que el proyecto no se expuso al completo a exposición pública, y que incluso hay partes del mismo que todavía no se conocen. «El proyecto se ha presentado indebidamente fraccionado en varios proyectos separados, de los cuales a día de hoy solo conocemos el de la propia planta de biometanización. Todavía se desconoce cómo se realizará la unión de esta a la red de gas natural, así como a la línea eléctrica de abastecimiento», explica. 

«Sin plan de gestión de digestatos»

Entre los documentos que no han podido ser analizados en la exposición pública, Sustrai menciona el plan de gestión de los digestatos que se producen en la planta. Se trata de un residuo contaminante que debe ser tratado y que provoca presencia creciente de nitratos en los suelos navarros ha sido denunciado en repetidas ocasiones por Sustrai. De hecho, gestores de la macrogranja de Caparroso fueron condenados por el mal uso de esta sustancia. 

«Conocer el plan que la planta tiene para realizar esta actividad es completamente necesario para poder analizar su compatibilidad medioambiental. Y este documento no estaba disponible en la exposición pública. Cuando lo hemos conocido en la aprobación del proyecto, hemos podido comprobar la gran cantidad de errores que contiene: parcelas cercanas a núcleos urbanos o próximas a cursos de agua donde está prohibida esta práctica, parcelas no dedicadas a cultivos, con pendientes excesivas, parcelas duplicadas, parcelas inaccesibles... Un cúmulo de errores que deberían suficientes para invalidar el plan, dado que, si se eliminan las parcelas erróneas, este pasa de tener inicialmente 2.600 hectáreas de terreno a tener poco más de 1.600. Una superficie totalmente insuficiente para la actividad prevista», explica Sustrai.

Eludiendo la moratoria

Esta fundación también critica el modo por el que el expediente fue aprobado por el Gobierno navarro, ya que dio el visto bueno al proyecto en pleno debate sobre la moratoria de plantas de biometanización en el Parlamento navarro en octubre de 2025. 

Sustrai critica que la moratoria aprobada en el Parlamento fue «descafeinada», por lo que «tan solo ha paralizado algunos de los proyectos y por un tiempo ínfimo, que no está sirviendo para analizarlos y realizar un verdadero debate social». 

Junto a ello, denuncia que la planta de biometanización de Arroitz fue aprobada el 12 noviembre de 2025 y que el Ayuntamiento fue informado días después, pero que no aparecía en el Boletín Oficial de Nafarroa (BON) hasta marzo de 2026, cuando pudo ser conocida por la población afectada. «¿Por qué estuvo tanto tiempo ‘en el limbo’?», pregunta Sustrai.

«Sustrai añade que la autorización de la planta de Arroitz se publicó en el BON un día antes que la moratoria de plantas de biometanización»

Asimismo, Sustrai añade que la autorización de la planta de Arroitz fue publicada en el BON un día antes que la moratoria de las plantas de biometanización aprobada por el Parlamento. «Esto ya nos indica que posiblemente la planta se autoriza con premura para conseguir que estuviera aprobada antes de empezar la moratoria», denuncia.

En este sentido, añade que tras la publicación en el BON se añadió «una supuesta corrección de errores» que afecta a «cuestiones que son de calado y modifican sustancialmente la planta y su funcionamiento». «No se trata de meras erratas en el texto», subraya. 

«Por lo tanto, nos encontramos ante una tramitación bajo sospecha, con una autorización inicial que se aprobó ‘deprisa y corriendo’ para no verse afectada por la moratoria. Que ha tenido su continuación con una modificación de oficio para solventar los problemas que se incurrieron en dicha aprobación apresurada. Se ha producido un fraude de ley que ha intentado impedir que la sociedad analizara adecuadamente este proyecto, lo pudiera debatir y establecer la posibilidad de su implantación. Pero no lo han conseguido», añade Sustrai.