Cuatro meses han pasado ya desde el derrumbe del vertedero de Zaldibar, y los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze todavía siguen sepultados. Un desastre que, según han indicado las plataformas Zero Zabor Bizkaian y Zaldibar Argitu en una rueda de prensa conjunta en Bilbo, «era desgraciadamente previsible ante el desmedido afán de lucro de la empresa propietaria, y consentido por la laxitud, falta de control y nefasta gestión de las instituciones encargadas, en este caso el Gobierno Vasco».

Miren Basaldua, de Zero Zabor Bizkaian, ha señalado que en la situación de emergencia climática en la que se encuentra el planeta, la generación de residuos se ha convertido «en un problema de primer orden, por sus consecuencias en la salud de las personas y el medio ambiente».

Además, ha asegurado que la Covid-19 ha hecho aumentar la generación de residuos sanitarios y domésticos, y ha remarcado que la pandemia «no puede servir de excusa para aumentar la capacidad de vertido con ampliaciones y nuevos vertederos, sin buscar alternativas viables y saludables para evitar contagios».

Ante esto, ha destacado que el nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 12 de julio debe decidir «si buscan un cambio real hacia el residuo cero y la economía circular real o siguen protegiendo a los intereses privados y la industria que fomenta y defiende el modelo de producción y consumo basado en el usar y tirar».

Las plataformas Zero Zabor Bizkaian y Zaldibar Argitu han emplazado a los partidos políticos presentes en las elecciones a cambiar el rumbo actual de gestión de residuos y les han enviado sus propuestas.

Zaldibar y vertederos

En lo que al desastre de Zaldibar se refiere, ambas plataformas han pedido que la búsqueda de los cuerpos de los trabajadores sepultados siga siendo de «absoluta prioridad». Además, han abogado por que se depuren responsabilidades, tanto públicas como privadas, que pudieran surgir en la actual investigación abierta, y han exigido que Reciclyng 2000, la empresa del vertedero de Zaldibar, «asuma los costes de la restauración de los recursos naturales dañados».

Gaizka Zabarte, de Zaldibar Argitu, tambíén ha explicado que han pedido una auditoría pública de todos los vertederos existentes en la CAV que «delimite la situación actual de los mismos y la caracterización de los residuos vertidos». En este sentido, han señalado que el actual equipo, de ocho personas, para realizar una inspección y control público de todas las infraestructuras «parece claramente insuficiente», y han pedido que se asegure el equipo «necesario» para esa tarea.

Zabarte ha señalado que mientras los vertederos existan «se debe garantizar la gestión y control pública de los mismo», aunque ha instado a trabajar «con un horizonte temporal de eliminación de los vertederos». Asimismo, ha pedido «que se deroguen las normativas que flexibilizan el rigor sobre el control de residuos y en aras de la eficiencia y rentabilidad económicas, permiten el enriquecimiento privado a costa de la salud y del medio ambiente».

Gestión de residuos

Josera Otegi, miembro de Zero Zabor Bizkaia, ha pedido elaborar una nueva Ley de Residuos que camine hacia «el residuo cero y economía circular». Para ello ha destacado que la normativa debe incluir la imposibilidad de producir productos que no sean reutilizables, reciclables o reparable, la prohibición de los plásticos y productos de un solo uso, y la implantación de una recogida selectiva obligatoria de la materia orgánica mediante los sistemas más eficientes.

Las plataformas también han pedido un normativa fiscal que, por un lado, establezca incentivos económicos efectivos para desarrollar estrategias de ahorro de residuos, como la tasa por generación (quien contamina paga), y por otro, establezca gravámenes progresivos para la reducción de envases, impuestos a los plásticos no reciclables y tasas al vertido e incineración, entre otros.