La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha sido condenada a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires también ha condenado a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces han hallado a Cristina Fernández culpable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la han absuelto en los cargos por presunta asociación ilícita.

La pena dispuesta para Fernández en la denominada ‘causa Vialidad’ es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.

La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores. Para ser efectiva, esa condena deberá transitar un largo peregrinaje hasta ser, en un futuro que no se vislumbra cercano, refrendada o rechazada por la Corte Suprema.

«Esta condena ya estaba escrita»

Fernández ha reaccionado acto seguido a la sentencia denunciando ser víctima de un «Estado paralelo» y de «una mafia judicial» y ha remarcado que cuando era presidente de Argentina no tenía ni «manejo de las leyes que son aprobadas» en el Legislativo ni «tampoco administra el presupuesto».

«Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores», se ha defendido.

«El presidente de la república tampoco administra ni ejecuta el presupuesto», ha enfatizado Fernández, quien ha insistido en una campaña en su contra. «Esta condena estaba ya escrita», ha denunciado.

El tribunal oral también ha ordenado decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).

En este proceso se han juzgado irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Más condenados

Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también ha impuesto una pena de 6 años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

También ha impuesto diversas penas de entre 3 años y medio y 5 años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.

Por otra parte, el tribunal ha absuelto a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.

En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces lo han absuelto por el delito de asociación ilícita y han dictado su sobreseimiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.

La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas –en muchas de las cuales fue sobreseída– gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.

En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el atentado que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidente en el proceso judicial.