«Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratifica resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado», ha indicado el Poder Judicial peruano en un mensaje publicado en Twitter.

El tribunal, que preside el magistrado César San Martín, también ha modificado la orden de comparecencia con restricciones impuesta en primera instancia al ex primer ministro Aníbal Torres y le ha impuesto el impedimento para salir del país por 18 meses.

En la resolución, la sala suprema ha declarado «infundado el recurso de apelación» presentado por la defensa de Castillo y «fundada en parte» la petición de la Fiscalía para que se varíe la situación de Torres.

Ha confirmado, de esa manera, la decisión tomada en primera instancia por el juez Juan Carlos Checkley, quien en ese momento alegó que había encontrado «fundados elementos de convicción» de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Durante la audiencia celebrada este jueves, el abogado de Castillo, Wilfredo Robles, ha acusado a la Fiscalía de mostrar «un afán de acumular delitos» en contra del exmandatario y ha defendido que no hay fundamentos suficientes para mantener la prisión preventiva.

Robles sostiene que Castillo no llamó a levantarse en armas durante el mensaje que ofreció el 7 de diciembre pasado y también ha alegado que cuenta con arraigo laboral, ya que debe volver a ejercer su puesto de maestro en una escuela rural del norte del país.

El abogado considera que no existe peligro de fuga y se ha preguntado si su cliente tiene que cumplir prisión preventiva por el apoyo que le dan otros mandatarios, en referencia a la predisposición que ha manifestado el Gobierno de México de otorgarle asilo político.

Castillo también ha intervenido en la audiencia y, tras afirmar que la prisión preventiva que cumple es injusta y una venganza política, ha pedido su liberación.

«No he cometido un delito de rebelión»

«Yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas y tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie, pero si debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual Gobierno», ha manifestado sobre las 28 personas que han fallecido en protestas que han tenido lugar en el país las últimas semanas.

Por su parte, la fiscal suprema adjunta Silvia Sack Ramos ha explicado que el Ministerio Público pide que Castillo continúe en prisión por la «gravedad del intento de golpe de Estado» y el peligro de fuga.

También ha pedido que se revoque la comparecencia con restricciones dictada para Torres, quien era asesor jurídico de Castillo, y que continúe el proceso en prisión preventiva puesto que, según sus palabras, este «no fue un simple espectador» del anuncio del exgobernante y participó en su diseño y planificación.

Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un Ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia.