El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo español Pablo Llarena ha dictado este jueves un auto en el que establece las consecuencias de la reforma del Código Penal, que ha entrado hoy mismo en vigor, para Carles Puigdemont, expresident de Catalunya, los exconsellers Toni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Ante la derogación del delito de «sedición», por el que estaban procesados Puigdemont, Comín, Ponsatí y Rovira, el instructor entiende que los hechos de la causa relacionados con el mismo «son subsumibles ahora en un delito de desobediencia», ya que considera que «no encajan en el delito de desórdenes públicos».

Por el contrario, el juez afirma que «no debe modificarse sino mantenerse» el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por un delito de «malversación de caudales públicos», al considerar que la reforma de dicho delito «no afecta a los hechos investigados en el sentido de eliminar o minorar la pena prevista en la tipificación que hoy se deroga».

En su auto, deja sin efecto las euroórdenes, y las órdenes estatales e internacionales de detención, que estaban dictadas contra los cinco, pero acuerda una nueva orden de busca y captura e ingreso en prisión de Puigdemont, Comín y Puig por los delitos de «malversación de caudales públicos y desobediencia» por los que mantiene ahora su procesamiento.

Llarena insiste en aplicar el supuesto más grave de la «malversación», lo que reclama un ánimo de lucro, y argumenta que existe suficiente jurisprudencia para interpretar que la apropiación de dinero público para destinarlo a fines ajenos a las legítimas de la administración. Es decir, considera que si se pagaron con dinero de la administración, hubo ánimo de lucro.

Ánimo de lucro

Además, pospone la decisión de emitir una nueva euroorden contra Puigdemont y los otros dos acusados de «malversación» a la resolución de los tribunales de la UE sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial. Cabe recordar que las euroórdenes ya estaban en suspenso a la espera de que se pronunciase la Justicia europea.

En lo que respecta a Rovira y Ponsatí, el auto acuerda su detención «a efectos de recibirles declaración por un delito de desobediencia», que no implica penas de prisión pero sí de inhabilitación. De esta manera, la secretaria general de ERC y la eurodiputada de Junts, exiliadas en Suiza y Escocia, respectivamente, podrían volver a Catalunya sin riesgo de cárcel. En cualquier caso, fuentes próximas a la líder de ERC han apuntado a Efe que esa decisión no será inminente, puesto que depende también de sus circunstancias políticas y personales.

Plazo para presentar alegaciones

El tribunal de la Sala Penal del Supremo español que juzgó la causa del procés ha dado este jueves un plazo común de ocho días a las acusaciones y a las defensas para que realicen las alegaciones que consideren pertinentes sobre el efecto en la causa de la reforma penal que ha entrado en vigor.

A raíz de la reforma, se ha conocido que desde Esquerra Republicana de Catalunya se está valorando pedir la absolución de las personas condenadas.

Puigdemont dará «la batalla hasta el final»

En una declaración institucional desde su exilio a las 21.00 de esta noche, Carles Puigdemont ha tomado esta decisión como un reconocimiento implícito de que «la Justicia española no es democrática», pero ha dejado clara su voluntad de «luchar hasta el final» en esta «batalla judicial europea».

Posando junto a una urna del 1 de Octubre, ha dejado claro, «con más énfasis que nunca», que él «no ha pedido ninguna solución personal» al Gobierno español y que hay que levantar todos los mecanismos de criminalización del independentismo catalán.

Profundizando en esta línea, el president que proclamó la República catalana ha aseverado que «no volveré humillado ni rendido ante un juez español por más indulgente que sea. No avalaré con mi beneficio personal una política que pretende criminalizar los anhelos catalanes de vivir en un país libre».

Su abogado, Gonzalo Boye, había dicho antes de esta comparecencia que el expresident volverá a Catalunya en 2023: «Estoy convencido».

En una entrevista en RAC 1, Boye ha detallado que será después de la resolución sobre el suplicatorio al Parlamento Europeo, que espera que se produzca a finales de febrero o marzo.

Ha rechazado que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena pueda atribuirle un delito de desórdenes públicos agravados para sustituir la sedición.

Según ha indicado, «el problema que tiene» Llarena no es «de tipo penal», sino «de derechos fundamentales y es un problema de persecución política».

«Creemos que Bélgica nunca entregará al presidente Puigdemont y tampoco ninguno de los grandes países europeos», ha aseverado Boye, quien ha insistido que la actuación de Puigdemont desde Bélgica responde a una lucha colectiva y que no tiene miedo a la prisión.