Anteayer trascendió públicamente la imputación de la exalcaldesa de EH Bildu de Zaldibar, Arantza Baigorri, por haber puesto su firma en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que ‘legalizó’ la ampliación irregular del vertedero que se derrumbaría en febrero de 2020 con consecuencias trágicas. Pues bien, no es la única responsable política que participó en ese trámite administrativo, ni tampoco la mayor: la última firma, la correspondiente de la aprobación definitiva del plan, fue puesta en abril de 2020 por Imanol Pradales Gil, entonces diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia y ahora lehendakari de la CAV.

Según ha podido constatar NAIZ, la aprobación definitiva de ese PGOU fue rubricada por Pradales el 1 de abril de 2020 y ello aparece publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el día 20 del mismo mes. Para entonces, por cierto, ya se había producido el colapso de la instalación, que ocurrió el 6 de febrero de aquel año y acabó con la vida de los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.

No se atisba diferencia alguna entre lo que hizo la alcaldesa en ejercicio de su cargo y lo que un año después hizo el actual lehendakari, en ambos casos con el criterio favorable uniforme de los técnicos

Es la investigación central del delito medioambiental por parte del Juzgado de Durango (todavía lejos de juzgarse al parecer) la que ha desencadenado esta pieza separada. En ella se investiga por qué la empresa Verter Recycling ocupó 65.000 metros cuadrados más de los 137.000 iniciales que debía ocupar el vertedero. Hay que recordar que fue colmatado en tiempo récord en una operación que combinó avaricia privada y descontrol público. 

Como explicó el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una entrevista a Radio Euskadi el jueves, en el PGOU puesto en marcha en 2019 se advirtió esta situación entre otras cuestiones urbanísticas varias relativas a la localidad, pero la ocupación extra del terreno por parte de la empresa fue considerada ya «irreversible». «Todos los técnicos del Ayuntamiento y la Diputación constataron que ese plan era legal y la alcaldesa solo puso su firma en eso», destacó Otegi.

Aparentemente no hay diferencia alguna entre lo que hizo la alcaldesa en ejercicio de su cargo y lo que un año después hizo el actual lehendakari. La Diputación Foral de Bizkaia era la entidad competente para la aprobación definitiva del PGOU al tratarse Zaldibar de un municipio menor de 5.000 habitantes. Y poner la rúbrica le correspondía lógicamente al diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

¿Impune hasta 2015?

Se da la circunstancia, como apuntó también Otegi, de que EH Bildu siempre se ha posicionado en contra del polémico vertedero. Este entró en funcionamiento a inicios de 2011, cuando la fuerza abertzale de izquierdas ni siquiera existía. El Ayuntamiento estaba en manos del PNV, que disponía de 4 ediles por 3 del PSE, 3 de EA y otro de un grupo local. La idea original venía de 2007.

EH Bildu siempre se ha posicionado contra un vertedero que autorizó el Ayuntamiento del PNV; de hecho, esa fuerza política ni siquiera existía cuando entró en funcionamiento a inicios de 2011

Las conexiones entre el propietario de Verter y el que fue consejero de Lakua y alcalde de Eibar Iñaki Arriola son bien conocidas. Y en el fondo todo ello fue allanado años antes (2000) por una orden del entonces titular de Industria, Josu Jon Imaz, que decretó «la simplificación del procedimiento para la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales». Con ella, la Administración dejaba de ser quien «vela por la seguridad y calidad de la industria» de modo directo, quedando esta responsabilidad en manos de «titulares, redactores del proyecto, directores de obra, instaladores, entidades de inspección, empresas distribuidoras y/o comercializadoras».

En el procedimiento judicial ahora abierto la Fiscalía plantea que las actuaciones anteriores a 2015 pueden haber quedado ya prescritas, lo que abriría la puerta a dejar impunes las irregularidades originales en el vertedero.

Junto a la exalcaldesa de EH Bildu han sido citados como imputados los arquitectos municipales Asier Salaberria y Hodei Zenikaonandia, y la secretaria/interventora, Inmaculada Etxeandia. Se ha presentado un recurso de nulidad de actuaciones por la «indefensión» generada al alargarse el secreto de sumario, en el que a los investigados no se les ha comunicado su situación. Si no es atendido, tendrán que declarar los días 5, 6 y 7 de mayo.