PNV y EH Bildu han presentado este miércoles en el Parlamento de Gasteiz las enmiendas a las proposiciones de ley registradas por ambas formaciones para blindar el sistema de perfiles lingüísticos en la Ley de Empleo Público de la CAV.

Las enmiendas de los soberanistas de izquierda tienen por objeto definir el índice de progresividad, así como la forma de calcular en cuántas plazas se puede aplazar la exigencia de conocimiento del euskara. Según ha explicado Josu Aztiria, «incluir dicho índice en la ley dotará al sistema de una mayor seguridad jurídica».

«Además, creemos que es una forma de expresar nuestra voluntad de consenso, porque concretar los términos de esa progresividad y flexibilidad puede facilitar un acuerdo inclusivo con PNV, PSE y Sumar», ha manifestado el parlamentario de EH Bildu.

Portazo del PNV

Esta idea ha sido descartada horas después por el PNV, que ha advertido de que las dos iniciativas están «a gran distancia, con lo cual el trabajo de llegar a un consenso o a un acuerdo se nos antoja prácticamente imposible». 

Así lo ha señalado el parlamentario Markel Olano, que ha comparecido ante los medios junto al portavoz jeltzale en la Cámara de Gasteiz, Joseba Díez Antxustegi. Este ha explicado que el PNV solo ha enmendado su proposición de ley porque «no hay mimbres para buscar un acuerdo –con EH Bildu– en lo que respecta al contenido».

En lugar de hablar y negociar para llegar a un acuerdo, el PNV ha pedido a EH Bildu que facilite con su abstención la tramitación de la iniciativa jeltzale, cuyo objetivo, tal como ha reconocido el propio Díez Antxustegi, es «más humilde». 

El PNV defiende y aplaude el modelo actual, que no servido para hacer frente a la ofensiva judicial contra los perfiles lingüísticos. En palabras de Antxustegi, el sistema vigente es «exitoso» y «sería un grave error ponerlo en riesgo».

En cuanto al contenido de las enmiendas presentadas por el PNV, el partido de Aitor Esteban propone derogar el índice de obligado cumplimiento y dejar que cada institución establezca el número de plazas con perfil lingüístico. 

También plantea que las administraciones públicas puedan establecer plazas con perfil lingüístico cuya exigencia se difiera en el tiempo. Las personas podrán acceder a esos puestos sin acreditar inicialmente el perfil lingüístico, disponiendo posteriormente de un plazo para alcanzarlo, «con el compromiso de la propia administración de facilitar la formación necesaria».

«Pedimos a Bildu que permita que este texto salga adelante mediante, al menos, una abstención. Después iniciaríamos el proceso para aprobar el Decreto que debe desarrollar la normativa. Y, además, ofrecemos nuestro compromiso de evaluar conjuntamente en un plazo medio el impacto de la Ley en las OPE y a seguir mejorándola si es necesario», han señalado, sin dar plazos concretos.

Sobre la posición del PSE, Olano ha aseverado que las negociaciones con sus socios de gobierno «han fracasado y se han salido de la ecuación». Antxustegi ha remarcado que «fue el PSE quien dio por descartada la vía del diálogo respecto a esta cuestión». 

17 enmiendas de Sumar

Sumar, por su parte, ha presentado 17 enmiendas, entre las que plantea que se garantice el aprendizaje de euskara en horario laboral a tres colectivos de trabajadores que no cuentan con las facilidades que tienen los funcionarios fijos, como el personal interino, el de empresas y fundaciones públicas y el de empresas privadas subcontratadas por el sector público.

También propone la valoración como mérito de los perfiles A1, A2, «que han alcanzado miles de personas, mayoritariamente inmigrantes» y la creación de perfiles solo orales «para incluir a euskaldunes con menor capacidad de escritura que actualmente son excluidos de puestos para los que no es necesaria la redacción escrita».

En lo que se refiere a la adecuación de la exigencia de perfiles, Sumar apuesta por unos índices de obligado cumplimiento «ligados a la medición de la demanda ciudadana real» que garanticen los derechos lingüísticos, sea cual sea la entidad pública.

«Estas enmiendas buscan construir un sistema más eficaz y justo que garantice los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y al mismo tiempo facilite el aprendizaje del euskera y evite que los perfiles lingüísticos operen como barreras injustificadas en el acceso al empleo público», han explicado desde Sumar.