La Asociación de Familias del colegio Larrañazubi de Getxo ha pedido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la adopción de medidas cautelares para frenar el cierre del centro que, según ha advertido, puede vulnerar derechos del alumnado.

En un comunicado, esa asociación de familias ha explicado su decisión de activar la vía judicial para tratar de frenar el cierre de ese centro propuesto por el Gobierno de Lakua y ha anunciado que prepara un escrito ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por las posibles vulneraciones de derechos producidas durante ese proceso.

En su escrito, ha solicitado medidas cautelares contra «el atropello administrativo y una vulneración de derechos fundamentales» del alumnado, por haber decidido ese cierre «sin la transparencia, la participación y las garantías necesarias para el alumnado y sus familias».

Por este motivo, ha decidido acudir a la justicia «para defender los derechos de la comunidad educativa y evitar que el cierre se convierta en una situación irreversible antes de que los tribunales puedan pronunciarse».

Las familias han asegurado haber pedido «reiteradamente explicaciones y documentación que permitan conocer los criterios técnicos, educativos y organizativos en los que se basa esta decisión del Gobierno Vasco».

«Ante la falta de respuestas»

Pero, «ante la falta de respuestas», han decidido solicitar medidas cautelares para frenar el cierre y presentar un escrito ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar las posibles vulneraciones de derechos que, a juicio de ambas organizaciones, se están produciendo durante este proceso.

El Departamento de Educación comunicó una operación de «fusión» de los colegios Larrañazubi y San Ignacio, ambos en Getxo.

Sin embargo, las familias han advertido de que «no se trata de una integración entre ambos proyectos educativos, sino del cierre definitivo de Larrañazubi y de la dispersión de su alumnado entre la red concertada y algún otro centro».

Asimismo, «supone la consiguiente reducción de colegios de modelo A en castellano para aquellas familias que deseen escolarizar a sus hijos en este modelo, quedando cada vez menos opciones en Bizkaia», han destacado.

Las familias han manifestado también su «preocupación por la situación de abandono de los menores que necesitan una atención educativa especializada en su idioma materno, que en la mayoría de los casos es el castellano».

Además, el colegio San Ignacio, propuesto como centro de acogida, «sigue sin contar con un proyecto de aula estable suficientemente definido que garantice la continuidad de los apoyos y de la atención que actualmente recibe este alumnado, situación que está generando una enorme incertidumbre sobre su futuro educativo e inclusión real».

De modelo A

La asociación también ha denunciado «el ataque a los derechos de los niños castellano hablantes con la desaparición de la oferta pública de plazas para alumnado de 2 años en modelo A». «No habrá ningún centro público en todo el País Vasco que ofrezca enseñanza en castellano para los niños de 2 años. El Gobierno Vasco ha cerrado todas las opciones que le ofrecían», han advertido. 

Por todo ello, la asociación ha solicita al Departamento de Educación «que revierta» el cierre del colegio y mantenga abiertas las aulas que permitan cursar las distintas etapas de Educación Infantil y Primaria en castellano. 

Las familias han considerado que «la planificación educativa vasca debe respetar la diversidad lingüística y garantizar la posibilidad de elegir entre los modelos lingüísticos oficiales reconocidos por el sistema educativo». 

Por este motivo, «que cualquier modificación de la oferta lingüística se adopte con transparencia, suficiente antelación y con la participación de las comunidades educativas afectadas», han concluido.