En vísperas del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora el 20 de junio, CEAR-Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin han advertido este jueves en una comparecencia ofrecida en Bilbo acerca de una «degradación histórica de la legalidad internacional», marcada por el endurecimiento de las fronteras y la externalización de responsabilidades hacia terceros países. En Hego Euskal Herria se registraron 7.558 solicitudes hasta junio de 2025, con Bizkaia a la cabeza con 5.034.

Ambas entidades han denunciado el «grave retroceso» en materia de derechos humanos que supone la puesta en marcha del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que se suma a la última reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería de 2025, «incrementando la represión y violencia para quienes intentan alcanzar Europa y poner su vida a salvo».

«Amparándose en la entrada en vigor del PEMA, el Estado español dejará además de conceder y renovar autorizaciones de residencia por razones humanitarias derivadas de protección internacional», ha comentado Javier Canivell.

El director de Zehar-Errefuxiatuekin ha explicado que «esto no solo impactará en las personas procedentes de Venezuela –principal país de origen, junto con Colombia, de quienes solicitan protección internacional en el Estado español— sino a todas las personas que pudieran ser autorizadas a residir por motivos humanitarios como es el caso de las personas procedentes de Mali».

Elene Valverde, coordinadora de CEAR en la CAV, ha reivindicado «medidas estructurales y permanentes» que consoliden vías estables de regularización para las personas que llega al país. Lo ha hecho después de que Canivell haya valorado positivamente el proceso de regularización abierto hasta el 30 de junio, incidiendo Valverde en que se trata de «una medida extraordinaria y puntual, que no resuelve de manera estructural las causas de la irregularidad administrativa».

Valverde ha añadido que ese proceso de regularización que está a punto de concluir va a conllevar que las personas que opten por este proceso y que están vinculadas al asilo, tengan que renunciar a la solicitud de protección internacional que tienen en trámite. «Por tanto, quedarán sin ser estudiadas sus solicitudes de asilo», ha subrayado.

A ello ha sumado lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de Extranjería, que ha recordado que es una disposición que establece que los tiempos que las personas están como solicitantes de protección internacional no contarán para los arraigos, que complica poder contar con esa protección internacional. Además, ha insistido en que el retroceso también tiene mucho que ver con medidas que «desincentivan» la búsqueda de esa amparo.

A mediados de 2025, la cifra de desplazamiento forzado se situó en 117,5 millones de personas a nivel mundial, lo que supone un descenso del 5% respecto al año anterior.

«Esta bajada no responde a una reducción de las necesidades de protección, sino al éxito de las políticas antimigratorias y la ‘securitización’ de fronteras, que impiden que las personas huyan de conflictos críticos en países como Afganistán, Siria, Sudán, Venezuela o la Franja de Gaza», ha expuesto Valverde.  

Ambas organizaciones han expresado su profunda preocupación por la entrada en vigor del PEMA desde el pasado viernes. Este nuevo marco permite devolver a personas a «terceros países seguros» por el mero tránsito, contempla detenciones prolongadas de hasta 24 meses y facilita la creación de «centros de retorno» fuera de suelo europeo, lo que supone una amenaza directa al principio de no devolución.

Bizkaia en cabeza

Según los datos que barajan, en Hego Euskal Herria se registraron 7.558 solicitudes de protección internacional, de las que 5.024 fueron en Bizkaia, 1.264 en Araba, 750 en Gipuzkoa y 510 en Nafarroa. La razón para que Bizkaia esté en cabeza la sitúan en su fuerte tejido social.

Bernard Lokavu Kasongo ha aportado su testimonio desde su marcha de la República Democrática del Congo hasta llegar –después de pasar por Ucrania, Polonia, Alemania, Bélgica y Estado francés– a Euskal Herria. Con su país en guerra, a miles de personas no les queda otra camino que la migración. Ha incidido en la realidad de las mujeres, muchas de las cuales sufren violaciones o caen en manos de grupos que se dedican a la prostitución, o de los menores de edad a los que se convierte en soldados.

Él, gracias a sus ahorros, consiguió un visado de estudios en Ucrania, pero a los seis meses de llegar comenzó la guerra, lo que le obligó a marchar. «Hoy día tengo la regularización, pero no ha sido fácil llegar a este punto», ha confesado.

El camino no es sencillo, ha explicado, por los grupos armados tratan de impedir que mujeres o sus hijos abandonen Congo. Ha citado los casos de las personas que han logrado el dinero para salir del país y que, después de pagar a las organizaciones que la facilitan, se encuentran en Camerún, Zambia o Turquía sin posibilizar de llegar a Europa. Ha denunciado el racismo que sufren en muchos países, también africanos, por ser negros.

Entre las dificultades, Lokavi Kasongo ha mencionado que Bélgica, el país colonizador de la República Democrática del Congo, ha prohibido la solicitud de asilo para los congoleños, y el Estado francés ha adoptado una medida similar.

Dura también ha sido la vida de Bakary Tirera desde que salió de Mali. Sin trabajo como enfermero en un país en guerra, llegó primero a Mauritanía, donde estuvo dos años, y de ahí, alcanzó Tenerife. Una vez en el Estado francés, al ver que no accedía a su regularización, optó por viajar al Estado español y finalmente a Bizkaia.

Distinta, aunque no menos complicada, es la experiencia del colombiano Jorge Vega, que salió en 2023 de su país «a causa del conflicto bélico». Gracias al tratado entre el Estado español y Colombia no necesitó visado, las dificultades comenzaron cuando trató de establecerse en Euskal Herria. Después de contar con un permiso de trabajo y residencia, le denegaron la renovación, por lo que optó por realizar un curso socioformativo. Finalmente, ha logrado el permiso de residencia gracias al proceso extraordinario de regularización

Movilizaciones

Zehar-Errefuxiatuekin y CEAR-Euskadi convocan este sábado, junto a otras entidades, colectivos sociales y ciudadanía comprometida, una manifestación en Donostia bajo el lema ‘Somos tierra de acogida’, que comenzará a las 11.00 en la rampa del puerto junto al Aquarium, pasará por la plaza de la Constitución y finalizará en el kiosco del Boulevard.

El manifiesto colectivo firmado por una veintena de entidades sociales y redes se posicionará con un ‘No al Pacto Europeo de Migración y Asilo. No a las políticas europeas de represión y muerte’, alertando sobre este modelo que «externaliza fronteras, desincentiva el asilo y alimenta el racismo institucional». Un modelo que, bajo apariencia técnica, reproduce una lógica de exclusión profundamente deshumanizadora», ha denunciado.

En Gasteiz, la movilización será a las 13.00 en el Farolón, convocada por la comisión 20J , de la que forman parte ambas entidades.