
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, ha ordenado estudiar si el juez Juan Carlos Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave al sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir del país, informan a EFE fuentes jurídicas.
La decisión ha salido adelante con los votos de tres vocales encuadrados en el sector progresista y el de la presidenta del CGPJ, que cuenta con voto de calidad, y por la que ahora el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, deberá estudiar si Peinado pudo incurrir en una «falta grave de consideración» y un «exceso o abuso de autoridad».
Los cuatro vocales del ala conservadora del Consejo han suscrito un voto particular en el que argumentan que la resolución en la que Peinado hizo esas alusiones debe revisarse por la vía ordinaria de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid y no compete al Consejo, que se estaría inmiscuyendo «ilegítimamente» en competencias que le son ajenas.
En el auto en el que envió a juicio a Begoña Gómez y acordó retirarle el pasaporte, Peinado apuntó a que «no cabe duda» de que los escoltas de la mujer del presidente «en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
Dichas afirmaciones motivaron una queja por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pidió a la presidenta del CGPJ adoptar «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones» ante el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» por parte del juez.
El expediente no va a frenar al juez empeñado en juzgar a la esposa de Sánchez. Al mismo tiempo que se reunía el CGJP, ha citado a Begoña Sánchez para este miércoles a fin de que le entregue el pasaporte. Se trata del mismo día fijado por el presidente español para acudir al Congreso y dar explicaciones sobre la situación actual.
Moncloa ha considerado esta citación como un paso más de su persecución contra ella y creen que evidencia que Peinado «no tiene límites».
Tras esa decisión de apertura de juicio y de la adopción de medidas cautelares, como la entrega del pasaporte y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado, el Gobierno ya denunció la «persecución, obsesión y desproporción» del magistrado en la causa contra la esposa del presidente.

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