El parlamentario de Sumar en Gasteiz, Jon Hernández, y el alcalde de Donostia por el PNV, Jon Insausti, han valorado este viernes de modo muy distinto el anuncio del Departamento de Vivienda de Lakua que intenta primar a las «clases medias» en el acceso a VPO.

Según se conoció el jueves, la nueva norma reguladora del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, con la que se reformará Etxebide, prevé reservar el 30% de las viviendas a rentas de entre 20.000 y 46.000 euros, un nuevo cupo que podría beneficiar a unas 34.000 personas.

Jon Hernández (Sumar) ha advertido de que ese nuevo cupo puede dejar fuera a las familias con menos ingresos.

En un comunicado, Hernández ha señalado que la medida responde a una propuesta del PP y ha alertado de que si no va acompañada de una ampliación del parque público «desplazará a las familias más vulnerables».

«Si con las mismas viviendas reservas un 30 % a quienes tienen ingresos en esos rangos, vas a dejar fuera a muchas familias con ingresos menores, que son las que más ayuda necesitan», ha subrayado. Y ha recordado en este punto que «la renta media de los demandantes de Etxebide es de 13.000 euros», muy por debajo de la horquilla a la que ahora se reservará casi un tercio de la vivienda oficial disponible.

Insausti cree que se excluía a las clases medias

Por contra, el alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha valorado los planes del Departamento de Vivienda de modo positivo, y señalando incluso que con ello el equipo de Denis Itxaso «sigue el criterio de Donostia».

Insausti ha saludado que «el Gobierno Vasco vaya a modificar los requisitos y a permitir por fin que las clases medias trabajadoras puedan tener opciones de acceso a la vivienda protegida, como se venía reclamando desde Donostia».

El alcalde donostiarra ha asegurado que una de las prioridades de su mandato es resolver «los graves problemas de acceso a la vivienda social para la clase media», a la que ha definido como «donostiarras con rentas de trabajo y larga vinculación con la ciudad».

«Estas personas quedan excluidas sistemáticamente de los puestos de adjudicación de la vivienda social y tampoco llegan, ni de lejos, a los precios de la vivienda libre», ha remarcado Insausti que, por tanto, ve «positiva» la medida anunciada por Itxaso.

Como ejemplo de su apuesta, Insausti ha destacado que «todas las viviendas» -1.700- que se construyan en los terrenos de los actuales cuarteles de Loiola «serán tasadas municipales, sin espacio para la venta libre ni la especulación», de manera que se destinarán «íntegramente» a donostiarras de clase media y tendrán tal protección «de manera permanente».

El alcalde ha mencionado también la promoción de El Infierno, donde el Ayuntamiento «decidió no ceder las parcelas al Gobierno Vasco para que construyera íntegramente vivienda en alquiler social» y, en su lugar, ha planteado «una mixtura de 135 viviendas sociales en alquiler y 135 tasadas en propiedad».

«El mismo criterio favorable al acceso a la vivienda de las clases medias se seguirá en otros ámbitos estratégicos, como Txomin II y Auditz Akular, y todo esto será posible porque el Ayuntamiento se ha convertido, a día de hoy, en el principal propietario de terrenos edificables en Donostia», ha concluido.