La Audiencia Nacional española ha paralizado el pago de los 152,4 millones de euros que Repsol debía abonar por el gravamen temporal energético correspondiente a 2023, mientras resuelve el recurso presentado por la compañía contra este impuesto, aprobado por el Gobierno en el contexto de la crisis energética.

El citado gravamen fue aprobado por el Ejecutivo en plena crisis energética, a finales de 2022, con un carácter temporal y extraordinario, para incrementar la aportación fiscal del sector en un momento de beneficios récord que se atribuyeron a los altos precios del gas y la electricidad.

El impuesto alcanzaba a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no fuera la principal. En concreto, gravó durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera del Estado español.

Pese a los beneficios extraordinarios que se estaban embolsando, las grandes empresas del sector rechazaron este impuesto. Fue el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, quien encabezó la ofensiva, llegando incluso a amenazar con desplazar inversiones a otros países. Justo el año anterior, la petrolera había logrado el segundo beneficio más alto de su historia, 4.251 millones de euros, con un incremento del 71% respecto al 2021.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP, también interpuso un recurso contencioso-administrativo.

Estas empresas encontraron apoyo, aparte de en la derecha española, en PNV y Junts. Así, sin los apoyos suficientes en el Congreso, a finales de 2024 el impuesto terminó decayendo en las Cortes españolas. Esta mayoría de derechas se impuso a la de izquierdas, en la que había fuerzas como EH Bildu que pretendían convertir el impuesto en permanente y no temporal. «El problema se ha terminado», dijo Imaz satisfecho.

Recurso y paso paralizado por la AN

Pero no contentos con que el impuesto no se prolongase más años, Repsol tampoco quiere abonar lo correspondiente a los dos años que estuvo en vigor, y mantiene su lucha en los tribunales. Este mismo martes, la Audiencia Nacional española ha paralizado el pago de los 152,4 millones de euros del año 2023.

En un auto citado por EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima la medida cautelar solicitada por Repsol al considerar que exigir el pago de forma inmediata podría perjudicar el desarrollo del procedimiento e indica que la deuda está garantizada mediante un aval bancario. «Una eventual estimación de la demanda no eliminaría plenamente los perjuicios derivados del desembolso de una cantidad de tal magnitud», señala la resolución.

La AN concluye que la suspensión cautelar no provoca una «perturbación grave de los intereses generales», ya que el eventual crédito de la Hacienda Pública queda asegurado por el aval presentado por la compañía. Además, el Abogado del Estado no se opuso a la medida, limitándose a pedir que se acreditara la existencia y suficiencia de dichas garantías.