La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha anunciado este jueves su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el impuesto extraordinario y temporal a las grandes energéticas impulsado por el Gobierno española.

En una nota, la asociación que reúne a las principales eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), tilda de «discriminatorio e injustificado» esta prestación, que grava los ingresos no regulados en el Estado español, con un tipo del 1,2%.

Para Aelec, este gravamen «penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético», y es «incoherente» desde el punto de vista fiscal porque «grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública». 

Además, prosigue, afecta «incluso» a conceptos que el Ejecutivo factura a través del sector eléctrico, que no aportan beneficio alguno a estas compañías.

Aelec se queja de que la fórmula aplicada por el Ejecutivo español sea sobre ingresos y no sobre beneficios, como en Europa, y sostiene que genera discriminación «porque solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas».

El impuesto energético, con el que el Gobierno espera ingresar 2.000 millones de euros anuales –una cifra que se vería rebajada por las exenciones introducidas en la tramitación parlamentaria– grava los ingresos no regulados en el Estado con un tipo del 1,2 %.

Se trata de un impuesto temporal para dos ejercicios –gravan los resultados de 2022 y 2023, a pagar en 2023 y 2024, respectivamente–, aunque la propia normativa prevé la posibilidad de convertirlos en permanentes.

La banca también recurre

La decisión de las eléctricas llega un día después de que la patronal bancaria española anunciara que recurrirá su respectivo impuesto extraordinario, con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé recaudar en dos años unos 3.000 millones de euros para financiar medidas sociales frente a la subida de tipos y de la inflación.