Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, en lo que supone un nuevo paso dentro de la campaña del Gobierno de Donald Trump para desmantelar el tribunal.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sancionado a Akane y también a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, a partir de este martes y permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

De esta forma, EEUU sancionará transacciones con «cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50% o más».

Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte, mientras que Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de las colonias israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos.

Washington no reconoce la legitimidad del tribunal y ha reiterado que no va a permitir que investigue y persiga los crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos. No reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el Estatuto de Roma y aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos.

«La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal», ha afirmado el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en julio ya prometió endurecer la campaña para desmantelar la CPI.

Guerra a la justicia internacional

Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una «amenaza» para la seguridad nacional.

En concreto, la orden pone la diana en las investigaciones de la CPI sobre el Ejército de EEUU en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Hasta la fecha, la Administración Trump se ha amparado en esta orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.

«Socavan el Estado de derecho»

«Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional», ha reaccionado la CPI.

«Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho», ha añadido.

El tribunal ha rechazado las presiones estadounidenses y ha asegurado que continuará desempeñando sus funciones «con independencia e imparcialidad» y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.

«La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables», ha reiterado la CPI, en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros de sus jueces y fiscales.

El tribunal sostiene que, aunque EEUU e Israel no sean firmantes del Estatuto de Roma, puede ejercer su jurisdicción sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o de un territorio cuya jurisdicción haya sido reconocida por la Corte, como ocurre en el caso de Palestina.

La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.