Durante décadas hemos trabajado con una historia fragmentada. Sabemos mucho porque quedaron víctimas, familiares, abogados, periodistas, sumarios, testimonios y algunas piezas documentales. Pero en los asuntos más sensibles –tortura, guerra sucia, operaciones clandestinas, infiltraciones o fondos reservados– seguimos mirando el edificio desde el exterior. Reconocemos algunas habitaciones, pero el archivo que permitiría reconstruir cómo funcionaba el conjunto continúa en buena medida cerrado.

La discusión sobre la Ley de Información Clasificada vuelve a colocar esta cuestión encima de la mesa. El proyecto continúa en el Congreso, encallado en la Comisión Constitucional y sin indicios de que vaya a avanzar antes del final de la legislatura, mientras sigue vigente la Ley de Secretos Oficiales surgida en 1968.

La desclasificación acordada este año sobre el 23-F ha recordado algo elemental. No siempre hace falta esperar una nueva ley para abrir documentación cuando han desaparecido las razones que justificaban mantenerla oculta. Si se decidiera abrir de verdad una parte de los archivos relacionados con el conflicto vasco, ¿qué habría que pedir?

Yo empezaría por no pedir papeles sueltos. Un documento aislado puede ser espectacular y, al mismo tiempo, engañoso. Pediría expedientes completos, índices, antecedentes, anexos, grabaciones, libros de registro y actas de destrucción. Interesa tanto un informe como saber quién lo redactó, quién lo recibió y qué respuesta provocó. El secreto no está únicamente en el papel. Está también en su circulación.

Hay además un desequilibrio documental evidente. Durante décadas el Estado ha incautado archivos de ETA y grandes cantidades de documentación en operaciones policiales y judiciales, registros de periódicos y radios, sedes políticas y sindicales o viviendas particulares. Para estudiar a ETA existe hoy una masa documental formidable. Quien investiga actuaciones policiales, militares o de inteligencia se encuentra todavía con expedientes cerrados, documentación fragmentaria o ‘no consta’. No se trata de equilibrar trincheras. Se trata de equilibrar, en lo posible, las fuentes.

Por eso la primera petición sería genérica y aparentemente aburrida. Los índices. Qué documentación procedente del SECED y del CESID se conserva y qué guardan Interior, Policía, Guardia Civil, Exteriores, Presidencia y los antiguos gobiernos civiles. Título del expediente, fecha, código, unidad productora, clasificación y ubicación. Con esos índices aparecerían operaciones y nombres en clave cuya existencia ignoramos. Los documentos secretos casi nunca se llaman «tortura» o «guerra sucia». Se llaman «acción», «fuente», «apoyo operativo» u «operación reservada». Hay que conocer el idioma del archivo.

La segunda petición genérica sería reconstruir las estructuras. Organigramas, cadenas de mando, grupos operativos, unidades de información, dependencias, comunicaciones, fondos reservados, confidentes y relaciones entre Policía, Guardia Civil, servicios de inteligencia y responsables políticos. Intxaurrondo sería uno de los ejemplos más evidentes. Para saber si una actuación fue excepcional o formó parte de una práctica sostenida hay que estudiar la estructura que la hizo posible.

A partir de ahí agruparía las solicitudes por materias. La primera, tortura y métodos de interrogatorio. Pediría manuales, instrucciones internas, cursos, protocolos médicos, partes de detenidos y documentación sobre privación de sueño, aislamiento, electricidad, amenazas, simulacros o interrogatorios prolongados. También referencias a pentotal, tiopental, escopolamina, amital, barbitúricos, sedantes, narcoanálisis o fórmulas como «material especial». No para dar por probadas denuncias, sino para averiguar qué se investigó, qué se compró, qué se enseñó y qué llegó a utilizarse.

En el mismo bloque, la formación recibida en el extranjero. Qué policías, guardias civiles o miembros de los servicios españoles viajaron a Estados Unidos, en qué centros y con qué programas y manuales. Lo mismo con servicios de América Latina. Documentos cerrados aquí pueden llevar años abiertos en otros países.

Un segundo bloque serían las desapariciones. ‘Pertur’ y ‘Naparra’ resultan inevitables, pero no bastaría con pedir lo producido después. Habría que retroceder meses y buscar seguimientos, fotografías, confidentes, movimientos de frontera, informes internos y comunicaciones con París, consulados y servicios extranjeros. En desapariciones así, lo ocurrido antes puede ser más revelador que la investigación posterior. Añadiría también los intentos de secuestro o desaparición que no llegaron a consumarse.

Un tercer bloque serían los casos concretos en los que existe una distancia abismal entre la versión pública, las sospechas acumuladas y lo que podrían contener los archivos. Mikel Zabalza sería una petición prioritaria. No ‘el expediente Zabalza’, sino todo lo producido desde antes de su detención hasta finales de 1986 por Guardia Civil, Intxaurrondo, Interior, Dirección de la Seguridad del Estado, CESID, Gobierno Civil y Presidencia. Órdenes, partes, llamadas, médicos, interrogatorios, búsqueda en el Bidasoa, aparición del cadáver y documentación de inteligencia.

La cuestión no es sólo qué ocurrió, sino si algún organismo conoció una versión distinta de la oficial, cuándo y hasta dónde llegó esa información. En este grupo entrarían también muertes rodeadas todavía de interrogantes o versiones enfrentadas, como Anuk, Geresta o Basajaun. Precisamente porque existen hipótesis distintas, el archivo debería servir para contrastarlas.

Un cuarto bloque sería la guerra sucia. No empezaría en los GAL. Pediría antes BVE, ATE, Triple A, mercenarios, confidentes, operaciones especiales y actuaciones en Ipar Euskal Herria. Después vendrían los GAL. El interés estaría en comprobar continuidades de personas, mandos, intermediarios, armas, financiación y métodos. Ahí deberían estudiarse los atentados contra Argala, Peixoto, Josu Urrutikoetxea o Txomin Iturbe, junto con expedientes como Lasa y Zabala, Hotel Monbar, Oñederra... No sólo la autoría material. También seguimientos previos, pagos y evaluaciones posteriores.

Un quinto bloque serían las operaciones policiales con resultado de muerte. Irunberri, Lucía Urigoitia, Xabier Roke y José Luis Mondragón, Bakartxo Arzelus, Alejandro Auzmendi y Luisma Zabaleta, Txilibita, Morlans o Mikel Castresana exigirían los planes operativos completos.

Vigilancia previa, órdenes de servicio, unidades desplegadas, instrucciones, comunicaciones, informes balísticos y valoraciones posteriores. No para afirmar desde hoy que cada muerte respondió a una política de ‘tirar a matar’, sino para saber qué margen real existía para la detención y qué órdenes se dieron.

No espero encontrar un documento definitivo en el que alguien haya escrito toda la verdad. Los estados también fragmentan, duplican, maquillan y destruyen sus propios papeles

En la misma investigación entrarían los Sanfermines de 1978, el 3 de Marzo de Gasteiz, Alonsotegi o Jurramendi, cada uno con una naturaleza distinta y, por tanto, con fondos documentales diferentes.

Un sexto bloque debería ocuparse de la infiltración, los confidentes y las operaciones psicológicas. Pediría el Plan ZEN íntegro, los documentos del Mando Unificado Antiterrorista y los criterios de captación y gestión de fuentes. Al menos inicialmente, bastarían los códigos de los confidentes, sus fechas de alta y baja, la unidad que los controlaba, los pagos y los informes producidos. Ahí encaja también Mikel Lejarza, Lobo, para separar lo que pertenece a la operación documentada de los relatos interesados o propaganda posteriores.

Quedaría también por reconstruir la política penitenciaria. La dispersión no fue una sucesión de decisiones aisladas sobre cada preso, sino una estrategia. Habría que conocer los documentos en los que se diseñó, las reuniones entre Interior, Justicia e Instituciones Penitenciarias, los criterios utilizados para decidir destinos y traslados, los informes sobre sus consecuencias y las razones de cada modificación.

Otro capítulo sería el de los recursos empleados en las operaciones clandestinas. Los fondos reservados pueden dejar rastros allí donde no existen órdenes escritas ni informes reconocibles. Pagos a confidentes, intermediarios o mercenarios, alquileres de viviendas, hoteles, vehículos, viajes, documentación falsa o determinados gastos médicos pueden permitir reconstruir movimientos y operaciones que oficialmente nunca existieron. En ocasiones, una anotación contable, una fecha, una cantidad o la identificación de la unidad que efectuó un pago dicen más que muchas páginas de documentación política.

Todas las solicitudes deberían incluir una cláusula final. Si el expediente no existe, hay que saber por qué. Si fue destruido, cuándo, quién lo autorizó y dónde está el acta. Si fue transferido, a qué archivo. Si fue expurgado, con qué criterio. Durante demasiado tiempo ‘no consta’ ha funcionado como punto final. Para un historiador debería ser el comienzo de otra investigación.

No espero encontrar un documento definitivo en el que alguien haya escrito toda la verdad. Los estados también fragmentan, duplican, maquillan y destruyen sus propios papeles. Pero los expedientes permitirían cruzar versiones, reconstruir cadenas de mando y establecer cronologías que hoy sólo podemos intuir. La desclasificación no escribe la historia. Entrega fuentes para poder escribirla.

Si algún día se abren esos archivos, no pediría una nueva verdad oficial. Pediría los papeles. Los expedientes completos, sus índices y, cuando ya no existan, las actas de destrucción. Sería ingenuo pensar que una decisión de apertura documental bastará para que aparezca todo aquello que durante décadas se quiso mantener oculto.

Ningún aparato estatal entrega sin resistencias la documentación que puede comprometer sus actuaciones, sus métodos o sus responsabilidades. La experiencia comparada muestra archivos expurgados, documentos destruidos, fondos incompletos, páginas tachadas y series enteras desaparecidas antes incluso de que los investigadores pudieran consultarlas. Por eso, también las ausencias, las destrucciones y los silencios documentales deberán ser objeto de investigación.

Después vendría nuestro trabajo de leer lo que quede, cruzarlo, desconfiar de ello cuando corresponda y compararlo con las voces de quienes estuvieron al otro lado de aquellos informes.