Archivan el caso de las vacunas caducadas de Osakidetza, pero constatan fallos y tensiones

La Fiscalía Superior de la CAV ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas tras la administración de vacunas caducadas en distintos centros de salud de Osakidetza. El auto, fechado el pasado 21 de mayo por la fiscal superior Carmen Adán del Río, concluye que no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal, aunque deja constancia de una cadena de decisiones, tensiones entre Osakidetza y Salud Pública y retrasos que alimentan la controversia sobre la gestión del caso.

La investigación se inició después de que EH Bildu destapara el caso al registrar una pregunta al consejero de Salud, Alberto Martínez y una denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente el pasado mes de enero. Esta última entidad alertó de una posible negligencia grave derivada de la inoculación de vacunas fuera de fecha a numerosas personas, en su mayoría bebés, y planteó que los hechos podían constituir un delito contra la salud pública.

A lo largo de las diligencias, según recoge el auto, la Fiscalía recibió además comunicaciones de familias afectadas. Algunas manifestaban su intención de reclamar judicialmente; otras simplemente informaban de la situación. El decreto señala incluso que hubo personas que prefirieron mantener el anonimato por temor a posibles consecuencias en tratamientos sanitarios prolongados que recibían dentro del sistema público.

La documentación recabada por la Fiscalía confirma que se administraron vacunas caducadas en varios centros pertenecientes a distintas Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), lo que apunta, según el propio texto, a un problema de carácter estructural y no a un error aislado. «Apoya la versión de una cuestión estructural concatenada que inicialmente generó una situación de desprotección inicial de salud por exposición a los virus y enfermedades que las vacunas contrarrestan, siendo relevante que ello afectó a colectivos muy significado».

Entre las dosis afectadas figuraban vacunas hexavalentes del calendario infantil, destinadas a prevenir enfermedades potencialmente graves como la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis o la hepatitis. También se detectaron casos relacionados con vacunas tetravalentes y triple vírica, todas ellas habituales de los calendarios vacunales infantiles.

La gravedad de los hechos se vio incrementada por el perfil de las personas afectadas. La Fiscalía subraya que buena parte de ellas eran lactantes o integrantes de colectivos especialmente vulnerables. Asimismo, recoge casos en los que algunos menores recibieron dos dosis correspondientes a lotes ya caducados.

Crítico con la respuesta institucional

Uno de los aspectos más relevantes que afloran durante la investigación es la cronología de la respuesta institucional. Según las declaraciones recogidas por la Fiscalía, el 15 de enero la Dirección de Salud Pública tuvo conocimiento de que se habían administrado vacunas caducadas entre el 3 de noviembre y el 13 de enero. Según este relato, ese mismo día se contactó con el laboratorio fabricante para solicitar información sobre la seguridad de las dosis, su capacidad de generar inmunidad y la necesidad o no de repetir la vacunación.

La respuesta llegó apenas un día después. El laboratorio indicó que las dosis administradas una vez superada la fecha de caducidad no podían considerarse válidas y debían repetirse. Al mismo tiempo, descartaba riesgos de seguridad para quienes las habían recibido.

Los testimonios incorporados a las diligencias sostienen que, desde el punto de vista técnico, la prioridad debía ser localizar a las personas afectadas y proceder a su revacunación inmediata. Sin embargo, la Fiscalía recoge que esa actuación quedó paralizada por decisión de instancias superiores mientras se solicitaban nuevos informes y valoraciones.

El decreto también refleja tensiones internas dentro de la administración sanitaria. El director de Salud Pública declaró haber solicitado el 20 de enero la convocatoria urgente del Consejo Asesor de Vacunas, una iniciativa que, según su versión, no fue bien recibida. Posteriormente, elaboró una propuesta de actuación que incluía informar a las familias, coordinar los distintos departamentos implicados y activar una especie de gabinete de crisis. La propuesta, sin embargo, no prosperó.

Otro elemento destacado es el papel desempeñado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Según los testimonios recogidos, un correo remitido posteriormente desde la Dirección de Farmacia defendiendo que no era necesaria la revacunación alteró el curso de la respuesta. Los técnicos sostienen que esa posición contradijo las recomendaciones previas del laboratorio y de los especialistas consultados, provocando nuevos retrasos y aumentando la incertidumbre.

Pese a estas consideraciones, la Fiscalía concluye «no consta acreditado que las dosis caducadas hayan producido un resultado lesivo en quien las recibió, que es el hecho inicial que determinaría la aplicación al hecho del artículo 361 del Código Penal, puesto que, por los padres de afectados o personas afectadas, no se ha acreditado de forma suficiente una reacción lesiva por administración de la vacuna caducada».

El auto reconoce, no obstante, que sí existió una situación de riesgo derivada de la posible pérdida de eficacia de las dosis administradas. En otras palabras, las personas afectadas pudieron quedar temporalmente desprotegidas frente a enfermedades para las que creían estar inmunizadas. Sin embargo, la Fiscalía entiende que esa circunstancia, por sí sola, no basta para superar el umbral de relevancia penal mientras no se demuestre un perjuicio efectivo.

El archivo de las diligencias no cierra necesariamente el recorrido judicial o político del caso. La propia resolución recuerda que las personas denunciantes mantienen intacto su derecho a acudir a los tribunales por otras vías. Mientras tanto, la polémica sobre la gestión de una crisis que afectó a cientos de familias sigue abierta, alimentada por las dudas sobre los mecanismos de control, la trazabilidad de las vacunas y la rapidez con la que reaccionaron las autoridades sanitarias ante una incidencia que puso en cuestión la confianza de una parte de la ciudadanía en el sistema público de salud.