«Las comunidades de firmantes de la paz están prácticamente silenciadas en Colombia»

El excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) Matías Aldecoa sigue prefiriendo su nombre de guerra antes que el que aparece en su célula de identidad, Luis Eliécer Rueda, pese a que han pasado diez años desde que el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP llegaron a un acuerdo de paz que permitió a la guerrilla dejar las armas e iniciar la reincorporación a la sociedad.

«Llevamos diez años comprometidos con la implementación del acuerdo y, a veces, ha sido una lucha más dura que la misma guerra», reconoce Aldecoa, quien, en el presente, está enrolado en el partido Comunes, heredero político de la guerrilla, y dirige el observatorio COBSEPAZ, que busca resolver retos de seguridad territorial y reconciliar a las comunidades que sufrieron el conflicto armado.

«Si queremos paz en Colombia, hay que superar las venganzas, empezar a deconstruir los imaginarios de violencia y reconciliar a la sociedad», considera en esta entrevista con GARA en la que refleja el estigma que aún acompaña a las personas reincorporadas y analiza el auge del ultraderechista Abelardo de la Espriella, favorito a la Presidencia en la segunda vuelta de los comicios en Colombia el próximo día 21.

Una de las propuestas de De la Espriella es terminar con la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué consecuencias tendría para Colombia?

Puede traer consecuencias muy graves porque promueve recuperar las propuestas de Álvaro Uribe de los años 90 y la primera década de este siglo. Hay una herencia de polarización y violencia y un sector muy poderoso que vive de la guerra.

Hoy estamos viendo el repunte de ese sector, que ha vuelto a posicionarse en el imaginario de la sociedad como una supuesta necesidad para la estabilidad en Colombia. Esta situación puede tener un impacto muy grave para el acuerdo final de paz, para quienes seguimos comprometidos con el acuerdo, pero también para las comunidades, la movilización social y la democracia en Colombia.

Sin embargo, tampoco será fácil que haga todo lo que dice. Colombia ha cambiado. En estos diez años de implementación del acuerdo, los sectores populares han despertado, y hay la experiencia de cuatro años de un Gobierno progresista.

«A quienes firmamos el acuerdo de paz de La Habana se nos sigue viendo como guerrilleros»

Además, De la Espriella tiene que matizar la dureza de su discurso y tirarse hacia el centro para atraer a esos sectores que le garantizarían el triunfo. Tendrá que hacer compromisos. Ahora, este retroceso es preocupante, y es muy probable que los sectores que resulten golpeados empiecen a asumir posiciones para fortalecer la lucha armada con una visión política.

Se dice que hay una desideologización del movimiento guerrillero disidente, básicamente, que actúan como narcotraficantes y benefician a la derecha.

En la propaganda, estos grupos siguen manejando el discurso revolucionario, utilizan la simbología de las antiguas FARC, su escudo, su bandera, pero, en la práctica, es evidente que no tienen los principios revolucionarios.

Las disidencias de las FARC cuentan con muchos jóvenes de 14, 15, 18 años que apuestan por esta alternativa, algunos engañados y otros comprados con dineros de las economías ilegales. Si mira el mapa electoral, De la Espriella ganó casi en todos los departamentos en donde son fuertes las disidencias y el ELN.

¿Por qué?

Por dos motivos. Primero, porque han asesinado a líderes sociales y firmantes de paz; desplazan y amenazan a la población.

Por otro lado, esos grupos que se disputan el control territorial han generado problemas humanitarios en las comunidades y fortalecido el discurso que dice que el problema principal de Colombia es nuevamente la seguridad. Eso explicaría que muchos sectores populares estén apoyando a la derecha.

Estos grupos aniquilan a quienes se oponen a su presencia. ¿Existe miedo a denunciar?

Sí. Las comunidades están confinadas. Gran parte de los firmantes que fueron líderes sociales han sido asesinados. El propósito del acuerdo era quedarnos en los territorios para, junto a las comunidades, seguir luchando mediante la vía democrática, pero ese derecho ha sido vulnerado: en la medida en que empezamos a pisar intereses, somos perseguidos y amenazados.

«Si no hubiera fracasado la política de paz total, De la Espriella no encabezaría las preferencias en las elecciones»

Quienes se quedan en el territorio, lo hacen por dos razones, o porque no tienen a dónde ir o porque no renuncian a seguir asumiendo ese liderazgo donde están construyendo su entorno familiar. Se quedan allí y acaban siendo asesinados por grupos disidentes, por el ELN o por los paramilitares. Las comunidades de firmantes están prácticamente silenciadas.

Y nadie las protege.

El Estado no tiene la capacidad de proteger, hay sectores a los que no llega. Trabajo en la implementación del acuerdo en el campo de la seguridad y los derechos políticos.

Podemos hacer una lectura de lo que pasa en los territorios y adelantar medidas de prevención, pero hay problemas estructurales. Hay sectores de la fuerza pública que están vinculados a los negocios ilícitos. 

No es una política de Estado, pero sí de algunos integrantes de esa fuerza pública que están bajo la amenaza de aceptar o morir. Y ellos terminan aceptando, dejándose corromper y metiéndose en el negocio.

Son 492 firmantes muertos en esta década. ¿Qué otros problemas sufren las personas reincorporadas?

El de la participación política, no solamente como parlamentarios, sino en las asambleas de las localidades. Los primeros firmantes que mataron fueron los que se comprometieron con el punto cuatro del acuerdo, la sustitución de cultivos de uso ilícito, y prácticamente el programa de sustitución quedó en standby, inmovilizado, por el temor de los mismos firmantes a asumir el liderazgo de su implementación. Luego está la reincorporación económica.

En este país no solamente hay una violencia directa: está la violencia estructural, que afecta a las condiciones de vida de la gente, pero además hay una violencia simbólica y cultural y, en el caso de los firmantes, se les estigmatiza. 

«La estigmatización actúa en lo político, en lo social y en la incorporación económica y comunitaria»

O sea, a quienes firmamos el acuerdo se nos sigue viendo como guerrilleros, se nos sigue mirando como si tuviéramos el fusil y no como defensores comprometidos con la paz. Hay muy pocas opciones de empleabilidad, y ha sido una de las causas por la que muchos se han dejado comprar por los grupos criminales. Luego está la reincorporación social, los servicios de salud y educación. Estos días fuimos a Putumayo a ver un proceso que concentra a firmantes y nos decían que la comunidad se opone a que el bus que lleva a los niños a la escuela recoja a hijos de firmantes. La estigmatización actúa en lo político, en lo social y en la incorporación económica y comunitaria.

¿Qué errores ha cometido el Gobierno de Gustavo Petro?

Esa es una pregunta difícil de responder para nosotros, que hemos apoyado a Petro. Hay falencias en la implementación del acuerdo; incluso estructuralmente, la institucionalidad debilitó el acuerdo de paz. Existía una figura para su implementación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, que incluso Duque mantuvo. Petro apenas llegó, la acabó y le dio la responsabilidad a un ente inferior sin recursos dependiente del Ministerio del Interior: la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.

Igualmente, no ha respetado un principio del acuerdo por el que las políticas de garantías de seguridad y derechos políticos se definen en un acuerdo entre las dos partes de la Mesa Técnica, el Gobierno y el componente Comunes.

«Esos grupos que se disputan el control territorial han generado problemas humanitarios en las comunidades y fortalecido el discurso que dice que el problema principal de Colombia es nuevamente la seguridad»

Por no hablar de la estrategia de la paz total. Hoy nadie puede decir que fue un éxito. Si no hubiera fracasado, De la Espriella no encabezaría las preferencias en las elecciones. ¿Con qué grupo armado llegó a un acuerdo? Con ninguno. 

Al comienzo, el Gobierno quiso negociar con todos, alcanzó treguas sin exigirles respeto por el derecho internacional humanitario, y como la fuerza pública no les podía atacar, estos grupos se expandieron, y para ello, asesinaron a líderes sociales y firmantes y desplazaron a las comunidades.

¿Cómo lo habría hecho usted?

Hubiera recogido la experiencia de negociación con nosotros. O sea, los grupos tenían que respetar el derecho internacional humanitario y los derechos de los civiles. Las vulneraciones tendrían que haber llevado a la ruptura de la tregua. Hubo una actitud como muy cristiana, de ingenuidad.

Nosotros sabíamos cuál era la estrategia de los grupos disidentes porque en algún momento la tuvimos: negociábamos, pero, cuando no pensábamos realmente en dejar las armas, lo hacíamos con el objetivo de fortalecernos.

Por tanto, no se llegó a nada concreto porque había incredulidad, tensiones internas en las disidencias y un problema estructural que nunca se resolvió.