«Nuestro Tribunal Constitucional lleva tiempo estableciendo la doctrina de que las penas no pueden ser genéricas sino establecidas expresamente. Eso es jurisprudencia consolidada». El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido hoy que, con la norma en la mano, Arnaldo Otegi podría ser candidato a lehendakari cuando abandone la prisión de Logroño. En principio, el Tribunal Supremo le condenó a seis años y medio de cárcel y otros tantos de inhabilitación, dentro del denominado ‘caso Bateragune’. Supuestamente, el veto para ejercer cargos públicos se extendería hasta 2021, una vez que el secretario general de Sortu haya recuperado la libertad, algo que está previsto para abril del año que viene. Sin embargo, la doctrina del Tribunal Constitucional dice que en los casos en los que se impone una inhabilitación especial es necesario que los jueces sentenciadores expliciten los puestos para los que el condenado está invalidado. Algo que no ocurre en el caso de Otegi.

Tras la revelación de «El Mundo», el ministro ha sido interrogado durante una rueda de prensa conjunta que ha ofrecido junto a la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová. «Cuando se declara una inhabilitación genérica se establece que, si no se concreta, puede interpretarse por no puesta», ha reconocido el responsable de Justicia. Sobre el caso concreto de Otegi, ha planteado que puede requerirse un «trámite de aclaración» y, en caso de no ser posible, habría que «aplicar la doctrina constitucional». La sugerencia de solicitar una aclaración no tiene cabida en el corpus legislativo español ya que el caso ha pasado desde la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo y en ninguno de esos casos se ha reclamado. Ahora que el fallo es firme y está recurrido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los servicios jurídicos del Estado no tienen margen para el recurso.

Lo cierto es que el caso de Otegi ha saltado al debate público después de las maniobras de Dignidad y Justicia contra el parlamentario de EH Bildu iker Casanova. El representante abertzale pasó siete años en prisión tras ser condenado en el 18/98 y recuperó la libertad en 2011. En setiembre de 2014 entró en la Cámara de Gasteiz en sustitución de Laura Mintegi. Fue entonces cuando el lobby dirigido por Daniel Portero presentó una querella, considerando que no había agotado el tiempo de inhabilitación.

Según publicaba hoy «El Mundo», la respuesta de la Secretaría Técnica del Fiscal General del Estado admitió que no podía hacerse efectivo el veto ya que, al no haberse detallado en la sentencia los cargos a los que afectaba la inhabilitación especial, esta no podía aplicarse. Se trata de la misma doctrina que ha reconocido hoy Catalá que debería aprobarse en el caso de Otegi.

Las maniobras para que el secretario general de Sortu no pueda liderar una candidatura abertzale ya han comenzado, pese a que el propio Catalá ha admitido, de forma implícita, la dificultad del Estado para actuar según su propia legislación. Daniel Portero, portavoz de Dignidad y Justicia, ha cargado contra la judicatura española, concretamente contra la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, acusándoles de «negligencia».

Ignacio Cosidó, director de la Policía española, también ha instado a marcar «líneas rojas», aunque sin entrar en detalles. Por ahora, lo único cierto es que, con la normativa en la mano, Otegi podría ser candidato a lehendakari en las próximas elecciones, previstas para finales de 2016.