Amaia Goirigolzarri, Elixabete Moral, Jon Artatxo, Xabier Sainz de la Maza e Iñigo Santxo, integrantes de Erabakizaleak, han registrado en el Parlamento de Gasteiz una declaración en la que ponen de manifiesto que «corresponde a la ciudadanía vasca el derecho a decidir sobre su futuro». Y recuerdan que «el principio democrático supone un instrumento para hacer efectivo el derecho a decidir, dentro del pleno respeto por los derechos sociales y las libertades fundamentales, la democracia, el compromiso con el estado del bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la apuesta por el progreso económico, social y cultural».

Asimismo, los impulsores del documento, firmado por un centenar de letrados, entre los que figuran el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga y la juntera del PNV María Eugenia Arrizabalaga, apuestan por trabajar para «hacer posible la celebración de una consulta democrática y con todas las garantías jurídicas, que posibilite determinar libre y democráticamente el futuro político colectivo de nuestro pueblo».

En este sentido, afirman que, «sin perjuicio de las competencias que corresponden a las instituciones, también corresponde a la ciudadanía el impulso de todos los instrumentos legales y procedimientos democráticos existentes para hacer efectivo el fortalecimiento y el ejercicio del derecho a decidir».

Por último, los firmantes muestran su deseo de participar «de manera activa» en la consecución del ejercicio del derecho a decidir, y animan a todos y todas las juristas a «ser protagonistas activos en este proceso democrático».

En declaraciones a NAIZ, Iñigo Santxo ha explicado que se trata de un texto «de gran calado, elaborado mediante una metodología participativa». «Muchas personas han realizado aportaciones al mismo», ha afirmado tras señalar que el documento es una propuesta de cara a la formulación de un «pacto nacional por el derecho a decidir».

El objetivo de entregar este texto en el Parlamento es, por una lado, trasladar a la institución la preocipación de los juristas firmantes respecto al derecho a decidir y el inicio de contactos con personas reconocidas de otros sectores, tales como educación, sanidad o urbanismo, para que en estos ámbitos también pongan en marcha recogidas de firmas en base a este texto.