La juez de instrucción Mari Paz Benito se ha inhibido del caso de la trifulca de Altsasu en la que se vieron implicados dos guardias civiles y la causa queda en manos de la Audiencia Nacional española. Esto se ha producido horas después de que la Guardia Civil enviase un nuevo informe en el que apuntaría a un «delito de terrorismo», al igual que lo han hecho Covite y la Fiscalía.

La Guardia Civil, en su primer informe, hablaba de un «delito de odio»en ningún caso de «terrorismo». Sin embargo, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se declaró competente para investigar los hechos, asumiendo la tesis de Covite y considerando los hechos como «terrorismo» en base al artículo 573 del nuevo Código Penal, una definición que la ONU entiende que «es excesivamente amplia e imprecisa» y que «podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo».

La decisión no es firme y la defensa ya ha anunciado que recurrirá.

A primera hora de la mañana, Carmen Lamela, ya disponía del nuevo informe que solicitó a la Guardia Civil. Dicho informe ha sido elaborado directamente desde la Comandancia de la Guardia Civil en Pamplona, han precisado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

En su auto de cuatro páginas, la juez Lamela acordaba practicar varias diligencias, entre ellas, requerir al juzgado de instrucción de Iruñea que conoce de los hechos testimonio íntegro de las diligencias incoadas, lo que supone un paso previo para pedir al juez territorial que se inhiba de este asunto, algo que ya ha ocurrido. Solicita también a la Policía Foral que remitiera a la mayor brevedad las actuaciones practicadas con motivo de tales hechos.