La educación es uno de los ejes principales a la hora de vertebrar una comunidad, una sociedad. Es a través de la educación reglada que se trasmiten no solo conocimientos y habilidades vitales para el desarrollo de las personas, sino valores colectivos para el avance de las comunidades. Es un factor determinante para la igualdad y para la inclusión. Marca las vidas de las personas y la calidad de los sistemas políticos. Es a la vez reflejo de la realidad social y de sus aspiraciones. Es la principal garantía para poder construir sociedades decentes.

En un mundo complejo no existen fórmulas mágicas para el desarrollo social, pero todo el mundo converge en la defensa de la educación como la mejor inversión que una comunidad política puede hacer para lograr sus objetivos colectivos, desde los socioeconómicos hasta los culturales. También es cierto que, a la hora de la verdad, los presupuestos públicos no siempre reflejan esta idea.

Si esta descripción sobre el valor de la educación sirve para todo lugar y tiempo, en una época en la que existe una tendencia general a la dualidad social, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres, donde a la brecha económica se le añade la cultural, y ambas se retroalimentan, la educación adquiere un valor equilibrante y cohesionador fundamental para el desarrollo de unas sociedades más justas e igualitarias. Y esas son aspiraciones profundas de la sociedad vasca, que se reflejan en múltiples aspectos de su organización social e institucional, siendo el ámbito educativo uno de los terrenos donde más claramente se formulan y proyectan.

Es el momento de parar la Lomce

Estas aspiraciones colectivas colisionan abiertamente con la agenda política y social del Partido Popular. Esa agenda es centralista, retrógrada, autoritaria, clasista, machista y empobrecedora. No se corresponde con las prioridades vascas, ni con los debates estratégicos del país ni con los intereses y necesidades de su ciudadanía. Esos valores e intereses corresponden a una sociedad que no es la nuestra.

En el conjunto de Euskal Herria esas posturas son tan marginales que ni siquiera los representantes vascos del PP son capaces de defenderlas abiertamente. Y cuando lo hacen, sacando lo peor de su tradición política, corren el riesgo de quedarse tan aislados como lo están hoy en día el PP en Araba o UPN en Nafarroa. Darles oxigeno supone alimentar esas posturas, legitimar posiciones políticas que se basan en la segregación, en la discriminación, en la exclusión. De ahí la petición a los representantes políticos del resto de partidos para que no permitan que esa agenda se imponga sobre el sentir mayoritario en ciudades como Iruñea o Gasteiz.

La Lomce es un ejemplo claro de esta agenda política. La manera en la que ha sido aprobada, ejerciendo el rodillo de la mayoría absoluta, con clara voluntad colonial y clasista, a espaldas de la comunidad educativa, refleja la concepción política del PP, su desprecio por la pluralidad y su escasa cultura democrática.

En Euskal Herria el rechazo a esta ley es mayoritario, expreso, contundente, transversal e inequívoco. La comunidad educativa vasca no acepta esta imposición porque va contra la labor que desarrolla en los centros, contra el proyecto pedagógico y social a favor de la igualdad y del conocimiento que se desarrolla en ellos. Frente a esta posición y al diagnóstico de los expertos, el Gobierno de Lakua ha preferido concertar con el Gobierno de Madrid y con el ministro Wert, promoviendo una reválida disfrazada de experimento pedagógico. Se ha topado con la desobediencia de centros, padres y madres y profesorado. Las amenazas y las acusaciones de la consejera Cristina Uriarte han chocado con un discurso sensato, responsable, coherente y que agrupa desde las preocupaciones pedagógicas hasta las sociopolíticas, comunes en este caso a los que se oponen a esta ley; todos menos el PP. Es el momento de parar esta ley, no de darle marchamo pedagógico y democrático.

La dinámica popular para rechazar la Lomce ha recogido lo mejor de la tradición política vasca y tiene una gran potencialidad. Los padres y madres que se han negado a que sus hijas e hijos hagan las pruebas, los profesores que han desafiado estas órdenes, los centros que han sostenido esta respuesta y los pueblos que han apoyado a sus centros educativos representan las mejores aspiraciones de la sociedad vasca. Hay cientos de razones para oponerse a esta ley y todas deben ser recogidas en un discurso que tiene su principal activo en sus protagonistas. Todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos e hijas, para las siguientes generaciones, para su país. En esa lucha están inmersos decenas de padres y madres, el profesorado, los centros y los pueblos. Se merecen el apoyo de la sociedad vasca y de sus instituciones.