La magistrada del Tribunal Federal del Este de Carolina del Norte Kimberly A. Swank ha dictaminado que los tratados entre Estados Unidos y el Estado español favorecen la extradición de Montano, reclamado desde 2011 por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Montano, de 73 años, está acusado de haber ayudado a orquestar la masacre que tuvo lugar la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación, y a otras siete personas.

Entonces, un «escuadrón de la muerte» irrumpió en el Centro Pastoral de la Universidad de los jesuitas, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde aparecieron a la mañana siguiente sin vida y con varios tiros en el cuerpo.

Durante el proceso judicial, el Gobierno de Estados Unidos sostuvo que, un día antes de la matanza, el acusado, que en ese momento era viceministro de Defensa Nacional, participó en una reunión donde uno de sus subordinados, el coronel René Emilio Ponce, ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides perpetrar el ataque.

«Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún testigo», ordenó supuestamente Ponce en presencia de Montano, que en el encuentro del poderoso grupo de militares habría facilitado la ubicación del jesuita vizcaino.

En su escrito de hoy, la jueza no entra en estas acusaciones pero sí admite que la extradición debe proceder porque las evidencias muestran que Montano «se encargaba de tomar decisiones y era miembro de un grupo de oficiales que ordenaron colectivamente los homicidios ilegítimos de sacerdotes jesuitas en El Salvador».

La defensa del salvadoreño, no obstante, tiene derecho a interponer un recurso contra la extradición y, de esta forma, el proceso podría frenarse o retrasarse.